Privatizar cobros, la moda entre los cabildos cibaeños

Santiago. Los planes de privatizar el cobro de la recogida de basura se han hecho comunes entre las alcaldías de la región Norte, aunque en cada una ha encontrado el rechazo de las diversas organizaciones de la sociedad.

Santiago. Los planes de privatizar el cobro de la recogida de basura se han hecho comunes entre las alcaldías de la región Norte, aunque en cada una ha encontrado el rechazo de las diversas organizaciones de la sociedad.

El caso más reciente es el del municipio de Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez, que contempla otorgar el contrato del cobro de los arbitrios a una empresa privada, sin que hasta el momento lo haya autorizado la sala capitular.

De acuerdo con el último informe de su gestión, el alcalde Rafael Molina  anunció que procederán a firmar un contrato mediante el cual quedará privatizado el servicio de la recogida de basura y que será adjudicado a una compañía, que según explicó, ganó una licitación.

Desde juntas de vecinos, grupos comunitarios hasta el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) han denunciado los planes del síndico municipal de Cotuí de privatizar el cobro de los arbitrios de la misma manera que lo han dispuesto otros ayuntamientos de la región Norte.

Rafael Cabrera, vocero de los que se oponen a la privatización dijo que  el alcalde Molina pretende dar un “palo acechao”, debido a que hasta el momento no ha sometido esto a la discusión de los munícipes o buscado el consenso de los diferentes sectores.

Rechazo. El portavoz de los opositores a la privatización, Rafael Cabrera, expresa: “Ya antes lo hicieron el ayuntamiento de La Vega, con la empresa Conexiones Plus; el síndico de Moca, Remberto Cruz, con la empresa española Gestión de Servicios Municipales (GSM). También el ayuntamiento de Santiago, donde su síndico, Gilberto Serulle, procura contratar a la empresa AAA”.

Según refiere Cabrera, el alcalde Rafael Molina, ante los crecientes cuestionamientos a que ha estado sometido por organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, se vio forzado a rendir cuentas de los primeros 10 meses de su gestión, y fue cuando manifestó la necesidad de privatizar el cobro de los arbitrios, alegando que nadie quiere pagar.

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