Problemas observó FMI siguen iguales

Los temas que provocaron la caída del último acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la República Dominicana se…

Los temas que provocaron la caída del último acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la República Dominicana se mantienen aun como problemas estructurales y coyunturales. En la pausa del acuerdo, la magnitud de los problemas fiscal y eléctrico ha aumentado.

La reanudación de conversaciones entre el FMI y el Gobierno dominicano se produce en un escenario donde los criterios de desempeño en las áreas eléctrica y fiscal, que provocaron la interrupción del acuerdo anterior no han mejorado.

Sin embargo, el virtual reinicio de negociaciones no tiene presente el elemento electoral, que ha sido tradicionalmente un punto que frena al Gobierno cuando tiene que tomar medidas de ajustes que impliquen desembolso del organismo financiero internacional y compromiso de parte del Gobierno. En el momento del tranque el país estaba en un proceso  electoral. Aumentar la tarifa eléctrica tenía costo político para el Gobierno.

Cuando el país dejó caer el pasado acuerdo, al no aprobar las revisiones séptima y octava, dos criterios de desempeños fueron responsables de la baja calificación.

“El desempeño del programa (acuerdo Stand-by de 2009) sigue siendo satisfactorio en términos generales, aunque dos criterios de desempeño para fin de junio 2011 no se alcanzaron, la meta del déficit corriente eléctrico y la meta para el déficit fiscal consolidado”, dijo el 15 de septiembre del año pasado el jefe de la misión del FMI que visitó el país del 30 de agosto al 12 de septiembre, para discutir la séptima revisión del acuerdo. La declaración suscrita por Alejandro Santos, jefe de la misión, destacó que “la aplicación de la agenda de reformas estructurales sigue en buen camino, aunque hay retrasos en áreas específicas”.

El Fondo ha enviado al país una nueva misión, cuyo trabajo tendría doble propósito: completar la evaluación de la economía dominicana basada en el artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI—que establece que todos los países miembros están sujetos a por lo menos una evaluación anual– y explorar un posible acuerdo con la República Dominicana.

Los enviados del Fondo encuentran los “retrasos en áreas específicas” (el déficit financiero del sector eléctrico y el déficit fiscal del sector público consolidado) en proporciones iguales o superiores a las que tenían cuando se suspendió el acuerdo tipo Stand-by firmado en noviembre del 2009.

Las autoridades eléctricas han estimado para el 2012 un déficit cercano a US$1,300 millones, un nivel ligeramente mayor al del 2011, cuando el acuerdo se detuvo. El último desembolso que el Fondo le hizo al país en el marco del acuerdo firmado en el 2009 fue de US$341.8 millones, luego de aprobar las revisiones quinta y sexta, el 15 de julio del 2011.

El otro elemento de discordia en el programa interrumpido en la etapa final fue el déficit fiscal, que el Gobierno había prometido mantenerlo, para el sector público consolidado, en un nivel 3.0%, y que al momento de la suspensión el país gozaba de una especie de dispensa por las ligeras desviaciones, debido a que el Fondo reconoció que la economía fue afectada por “un deterioro inesperado en el entorno externo”. Pero ahora, a más de un año del desembolso que representó la fecha hasta donde llegó efectivamente el acuerdo, la situación fiscal aparenta que se produjo un retroceso, un agravamiento del déficit.

Las cifras que se manejan a nivel de opinión pública apuntan que para el año completo el déficit del Gobierno central terminaría en unos RD$184,000 millones. Esos niveles de déficits reflejan un deterioro en las condiciones o áreas que el Gobierno reprobó en la última revisión del acuerdo y que estaban como materia pendiente cuando se cayó el pacto, que debió extenderse hasta el 9 de febrero, con un último desembolso de unos US$500 millones. Del monto acordado, el país recibió unos 766,2 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) (aproximadamente, US$1.218.4 millones. Pero desde septiembre del 2011, cuando debió ser aprobada la séptima revisión, el pacto cayó en una especie de limbo operativo, en el cual se mantuvo hasta la fecha de expiración contractual. Durante la vigencia del acuerdo, el gobierno accedió a realizar, en un lapso de siete meses, dos ajustes a la tarifa eléctrica, que totalizaron 19 puntos porcentuales, sin que esos incrementos eliminaran el déficit financiero del sector. También realizó una reforma fiscal con un alcance de unos RD$9,500 millones anuales, cuya principal figura, un impuesto de 1% a los activos productivos del sistema financiero, expira el próximo año.

Nuevos comunicados variaron visión del FMI

Según el comunicado del FMI del 15 de septiembre del 2011, las acciones fiscales adoptadas a mediados de ese año, como las medidas impositivas, un presupuesto suplementario más “apretado” de ese año y el ajuste de precios de la electricidad, colocaron los objetivos fiscales para el período a su alcance, aunque hubo “retrasos en áreas específicas”. Pero a raíz de la visita de septiembre del año pasado, el Fondo cambio su enfoque sobre el desempeño de las finanzas públicas.

“La situación fiscal se ha deteriorado en la primera mitad del 2012”, dijo en el comunicado que emitió el 19 de septiembre del año en curso, luego de regresar a Washington tras 10 días en el país. Citó que los ingresos mejoraron por la recaudación extraordinaria motivada en la venta de acciones de la Cervecería Nacional Dominicana. “Sin embargo, mayores gastos, incluyendo los subsidios a la electricidad, condujeron a un déficit del sector público consolidado de 3.3% del PIB a junio”, precisó. El objetivo anual era de alrededor de 2% del PIB.

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