Según estimados, la corrupción “político-administrativa” se lleva en las uñas entre un nueve a 12% del PIB, lo cual es alarmante e increíble, para un país con tantas carencias.
El problema de la corrupción no debe ser “partidario” ni “coyuntural”, pues nos afecta a todos (menos al grupito que se enriquece y envilece con el dinero público), por lo que debería ser responsabilidad de todos el combatirla.
Esto sumado a la impunidad y el mal manejo histórico de las finanzas públicas, cerca del 20% del PIB se dedica al pago de intereses de la enorme deuda externa que acumulamos, producen más préstamos, más alza en los precios de todos los servicios públicos y de la canasta familiar, más desesperación, desempleo, violencia y un largo etcétera que es el de no acabar.
Así el proceso al “honorable” senador Bautista y compartes encendió una mecha y avivó la esperanza, que siempre es torpe, lenta y fácil de engañar, en la idea de una justa sanción. Muchos creyeron en la acción del Procurador y aquella discusión en plena audiencia, que sabemos hoy merece estar entre las mejores actuaciones de nuestra historia pública, fue el clímax: el asunto va en serio, decía el pueblo.
Este proceso representaba el “nom plus ultra” en el tema, nos imponía un reto como país, abriendo la posibilidad de un cambio institucional. Pero la reelección pasó de pronto y con ella todo el panorama cambió. La imagen del Procurador se desplomó por no recurrir mientras la sociedad se lo pedía a gritos. Para completar el cuadro, un arquitecto se suicidaba en el local principal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE.
En este panorama el Tribunal Superior Administrativo, salvando la “justicia” dominicana, autoriza las protestas organizadas de forma pacífica, las llamadas “cadenas humanas contra la corrupción”, pero estas se hacen casi frente al despacho presidencial, por lo que la Policía, siempre la misma, desacata el amparo y agrede a los manifestantes.
Entonces el Procurador, con desmejorada imagen pública, inicia una investigación contra unos jueces y solicita convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. Y se armó la de “San Quintín”.
La jugada es buena, pero arriesgada. Con una sola acción: procura sacar el tema del “honorable” senador Bautista, desviar los focos de la corrupción hacia los jueces y, de paso, cambiarlos.
La acción es, repito, arriesgada. Esto por varias razones, primero este no parece ser el “momento político” correcto, pues podría disgustar al expresidente Fernández y su entorno, que se sienten seguros y cómodos con las Altas Cortes, afectando la cohesión de “El Partido”. Segundo, institucionalmente más importante, la “justicia” ha quedado tan enlodada, que quizás no recupere más la confianza de la población. Además, ese no es el problema de la “justicia”, sino que ha sido incapaz históricamente de ponerle frenos al poder y sancionar debidamente la corrupción “política-administrativa”. Por eso el proceso del “honorable” senador Bautista y compartes era tan importante para la salud institucional de la República y el Procurador, al no accionar, enlutó las esperanzas de transparencia de amplios sectores nacionales.
Mientras, seguimos navegamos como el homérida, entre dos escollos insalvables: Escila (Corrupción) y Caribdis (Impunidad). Ambas se alimentan mutuamente de la política sin compromisos éticos y de la administración sin transparencia de los recursos públicos. Y el Procurador, con su decisión de no recurrir, nos hace más larga, pesada y oscura la odisea de regreso a Ítaca (“justicia”).
¡Ahh, la vida!
