Un procurador fiscal del Distrito Nacional defendió este lunes la lucha iniciada en las redes sociales por un grupo de fiscalizadores y procuradores fiscales del interior con el objetivo de lograr un aumento salarial a todos los representantes del Ministerio Público.
Dante Castillo Medina, director del Departamento de Homicidios, indicó que la lucha no debe circunscribirse al aumento salarial de los fiscales, sino que debe abarcar, a los auxiliares, choferes, secretarias, asistentes, abogados ayudantes, mensajeros, ascensoristas y personal de mantenimiento; “pero además, hay que tomar en consideración otros puntos, como es el tema de la seguridad, seguro médico y seguro de vida”.
Agregó que el tema del aumento salarial constituye una necesidad perentoria e inmediata para todos los acusadores públicos, cuyo reclamo está reconocido por la Constitución de la República, y la ley Orgánica del Ministerio Público la 133-11, cuando reconoce calidad a los fiscales para recibir una remuneración adecuada a sus funciones y competitiva dentro del sistema de justicia nacional.
Dijo que el hecho de que el personal que labora en el Ministerio ´Público haga su labor con dignidad, dentro de un alto criterio ético moral, no lo exime como integrante del sistema de justicia de reclamar mejores condiciones para desempeñar sus funciones, lo que al final tiene como objetivo brindar una mejor atención a los usuarios del servicios.
Castillo expresó que no es justo que el seguro médico del Ministerio Público sea rechazado en algunos centro asistenciales, sin incluir el monto de cobertura que es baja, “pero tampoco contamos con una seguro de vida que garantice indemnizar nuestra familia en caso de que perdamos la vida en el sagrado ejercicio de nuestra funciones”, y en cuanto a la seguridad “ no se dispone de armas adecuadas, ni de chalecos antibalas, para ser usados durante los allanamientos, pese al peligro que representa”.
Sostuvo que a nivel nacional hay más de 50 procuradores fiscales que no han podido recibir la formación necesaria para entrar a carrera, por falta de recursos y el sistema de formación continua a los fiscales de carrera por la Escuela Nacional del Ministerio Público, que manda la ley 133-11 esta se ejecuta a media.
Pidió al Poder Ejecutivo asignar a la Procuraduría General de la Repúblico, los recursos necesarios, a fin de que el Procurador General de la República pueda dar respuestas al reclamo del Ministerio Público, en cumplimiento al mandato Constitucional.
