El Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional que anule la decisión que declaró extinto el proceso penal seguido al senador Amable Aristy Castro, por alegados actos de corrupción. En su recurso de revisión constitucional contra la sentencia del juez de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada, Juan Hiroito Reyes, la Procuraduría sostiene que la decisión contiene violaciones al principio de división de los poderes, vicios procesales y usurpación de funciones.
El escrito plantea que el magistrado Reyes violentó las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de la doble incriminación.
Mediante la sentencia impugnada fue declarado inconstitucional el auto 0005893, emitido por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que reabrió la investigación llevada en contra del legislador por la provincia La Altagracia, por alegadas prácticas de corrupción en perjuicio del erario público durante su gestión en la Liga Municipal Dominicana.
Además declaró inconstitucional los numerales 2, 3 y 4 del artículo 281 del Código Procesal Penal dominicano. La decisión del juez fue adoptada acogiendo una objeción presentada por Aristy Castro a la reapertura de la investigación en su contra. Laura María Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, declaró que con dicha decisión el juez se excede y violenta principios constitucionales al no reconocer la facultad del Ministerio Público a levantar un archivo provisional.
En julio pasado el pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el Procurador en el caso. La decisión se adoptó tras tomar en cuenta que el recurso que debió ser incoado fue de apelación y no de casación.
El Procurador reabrió el proceso contra Castro
El entonces titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla García, archivó la investigación seguida al legislador por La Altagracia por irregularidades en su gestión en la Liga Municipal Dominicana, pero el procurador, Francisco Domínguez Brito, mediante auto reabrió la investigación lo que fue objetado por el acusado.
