El procurador Francisco Domínguez Brito, representado por el procurador general adjunto Ricardo Taveras en la audiencia celebrada ayer por el Tribunal Constitucional para conocer la acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 6132, ha mostrado otra nueva faz, esta vez como defensor de un régimen caduco, opresivo y vigilante que limita el ejercicio de la libertad de expresión.
Domínguez Brito y su representante consideran que los textos impugnados de la Ley 6132 no contradicen el mandato constitucional que prohíbe sancionar a una persona por el hecho de otro. Y ha planteado que “procede rechazar la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47 y 48 de la Ley 6132, así como los artículos 368 y 372 del Código Penal”.
Aunque no se conoce íntegramente el documento, por lo expresado en la audiencia por el adjunto Taveras, se supone que su atención ha sido fijada en el artículo 46 de la Ley 6132, que instituye un régimen persecutorio, intimidante para el ejercicio de la libertad de expresión, toda vez que ha entronizado en la legislación dominicana un sistema de responsabilidad en cascada dirigido a perseguir no sólo al director de una publicación, incluso a los distribuidores, con el único propósito de crear un clima de censura previa, de miedo, típico del pos-trujillismo.
Ese régimen tiene como objeto a los comunicadores, al margen de los actores sociales, y es una amenaza latente, que convierte en letra muerta el artículo 49 de la Constitución. Asimismo, el artículo 46 de la Ley 6132 defendido por Domínguez Brito es brutalmente violatorio de los artículos 40, numeral 14 y del 49 de la Constitución, que consagran la personalidad de la persecución.
La Procuraduría General de la República y su representante se coronan como defensores a ultranza de la vigencia del régimen represivo instituido en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley 6132, que instituye la prisión por delitos de prensa, un régimen que sobrevive sólo donde la intolerancia es ley. Y eso es una vergüenza, Señor Procurador.
