El Consejo del Poder Judicial fue apoderado de denuncias en contra de tres jueces de Santiago por “faltas” en el ejercicio de sus funciones. La Procuraduría General de la República, en instancia enviada al Consejo del Poder Judicial, explica que el magistrado Gabriel Marchena, juez de paz de Villa Bisonó, otorgó la libertad bajo fianza a Pedro Luis Báez, acusado de matar a su expareja Gleiry María Muñoz, en presencia de sus tres hijos.
Dicha decisión del juez fue considerada “cuestionable” en virtud de la pruebas presentadas en contra del imputado.
En otro caso, a la magistrada Luisa Rosa García, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito de Santiago, en el rol de juez de turno de la Oficina de Atención Permanente, se le acusa de cometer faltas en sus funciones.
Según la instancia depositada por la entonces fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, se le acusa de irregularidades al declarar inadmisible, sin celebrar audiencia, siete solicitudes de medidas de coerción, dejando en libertad a varios imputados de violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, así como porte ilegal de armas de fuego y otros delitos penales.
Finalmente, Águeda del Carmen García, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santiago, está acusada de usurpar funciones y asignar preferencialmente abogados privados para conocer medidas que corresponden a la Defensoría Pública de Santiago, y que éstos cobraban a los usuarios a fin de desapoderarse de los casos.
