Procuraduría: es inconstitucional contrato rayos X

La Procuraduría pidió ayer que se declare no conforme con la Constitución el contrato que establece la instalación de rayos X en los puertos del país.

La Procuraduría pidió ayer que se declare no conforme con la Constitución el contrato que establece la instalación de rayos X en los puertos del país.El procurador adjunto Ricardo José Tavera, representante del procurador ante el Tribunal Constitucional, depositó ante esa alta corte un escrito donde explica que el congreso creó un monopolio a través de ese contrato entre el Estado y la sociedad I.C.S.S.I y la resolución que lo ratifica. 

Mediante el acuerdo se autoriza a la empresa a instalar y operar equipos de digitalización de imágenes por rayos X, en los puertos  de la República, para la inspección de la carga arribada a los recintos portuarios del país, y a cobrar, como contraprestación, determinadas tarifas establecidas en el contrato.

Establece también que la inspección autorizada a la I.C.S.S.I será con carácter exclusivo durante la  vigencia de la pieza, y que no se realizará ningún tipo de contrato u otorgará autorización alguna a persona física o moral a los fines de proveer servicios de seguridad similares a los de I.C.S.S.I sin su previo consentimiento. La empresa  I.C.S.S.I es ahora propiedad del oftamólogo Salomón Melgen, primo de  Vinicio Castillo.   

“En esos términos el Estado Dominicano ha establecido un monopolio a favor de esta empresa para la explotación de un servicio indispensable  y de ineludible aplicación con ocasión de la importancia de mercancías y materias primas como las que comercializan y procesan las accionantes en el ejercicio de sus operaciones comerciales”, indica el documento.

Reseña que en algunos casos el Estado puede establecer monopolios, pero debe hacerlo en base a una ley, al no hacerlo como lo hizo, colide con la Constitución en su artículo 4, y 50.1.

El recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 188-03, del 15 de diciembre de 2002, y el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y La Sociedad  I.C.S.S.I en fecha 18 de julio de 2002, dado por el Congreso Nacional, fue interpuesto por El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación de Navieros de la República Dominicana,   Asociación Dominicana de Zonas Francas, Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, Asociación de Industria de la República Dominicana, La Cámara Americana de Comercio, entre otras.

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