Entre las deficiencias del Estado dominicano está su propensión al gigantismo. Muchos municipios, muchas provincias, lo que implica muchos puestos de elección y una mayor carga para las finanzas nacionales. De igual forma, tenemos múltiples instituciones, organismos y hasta ministerios creados para realizar similares labores, lo que se traduce en dificultad de organización, celos institucionales, deficiencias en el servicio y una enorme burocracia que sería el dolor de cabeza para el análisis, incluso, de Weber si naciera otra vez.
Esta tara institucional también está presente en “la lucha o combate” (eufemismo) a las drogas. A fines de los años 80 del pasado siglo, época del apogeo del afamado Pablo Escobar y su lucha en contra del Estado colombiano, en el país ese “tipo penal” lo manejaba la Policía Nacional con el Departamento de Antinarcóticos. Pero, era tanto el auge de este flagelo que se dictó una ley (la 50-88) y se creó una institución mixta para combatirla, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), como único organismo al respecto.
Luego se volvió a “restaurar” el Departamento de Antinarcóticos, el hoy afamado: Dican. Pero no quiero escribir sobre éste, sino del proceso de investigación.
El gran problema es que la información tanto del que vende gramos en un barrio, como del que “mueve” kilos a nivel nacional o regional, la manejan los militares y policías -tanto en la DNCD como en el Dican- y éstos la procesan, envían agentes a darle seguimiento, intentan entrar a las estructuras mafiosas, entre otras labores de investigación y, solo cuando estos lo entienden prudente, pasan la información a los fiscales.
Es decir, los ministerios públicos entran al proceso ya avanzado. En eso, quién quita que muchos agentes realicen “tumbes” -allanamientos sin fiscales- y se queden con droga, dinero y prendas de los narcotraficantes. Incluso que luego vuelvan con los fiscales a realizar un allanamiento con todas las formalidades legales y, evidentemente, solo se encuentre lo que “ellos” hayan acordado. Aquí los fiscales son normalmente “utilizados”. Vamos, eso no quita que existan miembros del Ministerio Público que entren a esas estructuras mafiosas, pero son la excepción.
El trato, dureza y penas ejemplarizantes no sirven de nada si las estructuras militares y policiales quedan intactas y si la forma como se manejan las investigaciones siguen iguales. Evidentemente el Dican debe ser clausurado, pero la Policía Nacional entera debe ser purgada (“de pi a pa”, diría una vieja en el campo) y la DNCD debe ser objeto de una reingeniería profunda y pasar a ser dirigida, de verdad, por la Procuraduría General de la República.
Pero no quiero escribir sobre el Dican, aunque apuesto “peso a pellico é ñoco” que allí “no son todos los que están ni están todos los que son…”
