El caso del raso de la Policía Nacional Daurin Muñoz, quien la semana pasada publicó un video en el que criticó los bajos salarios de algunos agentes, generó muchas opiniones por parte de diversos sectores de la sociedad que reaccionaron sorprendidos ante la actuación del joven de 28 años.Sin embargo, esta no es la primera vez que un policía se convierte en un “insubordinado” y se desahoga difundiendo públicamente situaciones que a lo interno de la institución todos conocen, pero pocos se atreven a revelar hacia afuera, porque la ley institucional (96-04) establece en su artículo 27 que “los miembros de la Policía deben guardar absoluta confidencialidad de los asuntos institucionales”.
Un artículo controversial
En junio del 2009 ocurrió un caso muy parecido al de Muñoz Martínez. En ese entonces, el general Juan Tomás Taveras Rodríguez publicó un artículo en el periódico Clave Digital, en el que reprochaba los roles de ese organismo de seguridad ciudadana. Taveras planteaba que “los principales actores de la Policía se han empeñado en defender sus intereses personales y de grupos particulares”, además de que “esa institución no ha sabido adecuar la capacitación de sus miembros acorde a las demandas sociales”.
Por la publicación de ese escrito durante la gestión de Guillermo Guzmán Fermín, al general lo sancionaron a 10 días de arresto y pocas semanas después fue puesto en retiro mediante el decreto 501-09 del Poder Ejecutivo.
Otro caso ocurrió en marzo del año pasado, cuando unos 30 agentes inconformes porque no fueron tomados en cuenta para los ascensos que se realizaron el 27 febrero de ese año, se amotinaron frente a la jefatura de la Policía Nacional, la cual estaba dirigida en ese momento por Manuel Castro Castillo.
Mientras que en abril del 2013 se había producido un caso parecido en Santiago de los Caballeros. Un grupo de agentes de las patrullas de acción rápida se negó a cumplir con el patrullaje inconformes por un aumento salarial que hizo la Policía de forma selectiva a algunos agentes.
Un mismo reclamo
Un punto común de todos esos casos, que de acuerdo a la ley son catalogados de “inconductas”, es el hecho de que cada acontecimiento ha sido en demanda de mejoras para los miembros de ese organismo. Además esas acciones han reavivado poco a poco el debate social para que se produzca una reforma del órgano de seguridad ciudadana.
Algunas inconductas rechazadas en colectivo
Hay dos casos que ocurrieron por separado y que fueron rechazados por toda la sociedad. En julio del 2012 un grupo de policías usaron la fuerza para sacar del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís a unos de sus compañeros. Mientras que en enero del año pasado, 73 policías de la dotación de Dajabón, quienes cometían irregularidades, se negaron a ser trasladados a Mao provincia Valverde.
