Manifiesto y creo que estoy interpretando la preocupación de una gran parte de la ciudadanía que observa estupefacta el curso de los acontecimientos y la actitud asumida por la oposición política en estos momentos en que se está definiendo la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).Sorprendentemente las fuerzas políticas que adversan al Gobierno parecen confundirse en una serie de elementos sencillos entre los que se destacan que a diferencia del Superior Electoral, la JCE no es un tribunal de arbitraje sino una institución que organiza las elecciones, determina quién es el elector por el control de la cédula de identidad y administra todo lo concerniente al registro civil, los asuntos de ciudadanía, así como las disposiciones de la ley 275-97 que es la estructura electoral que rige al sistema.
Por tanto y en virtud a su propia esencia, la misma es una institución de características políticas donde y a diferencia de un tribunal, que sí exige el apartidismo, lo fundamental no es que sus integrantes sean apolíticos (algo que es humanamente imposible) ni apartidistas, sino que haya equilibrio y representación de los actores del sistema, que son precisamente los partidos políticos.
Y es que una cosa es una corte donde se dirimen conflictos y en la cual se entiende que sus integrantes deban estar alejados de la contaminación de intereses y otra, muy diferente, es una junta administrativa y organizacional donde las decisiones son colegiadas y en la que debe haber una participación representativa de los diferentes sectores para que haya balance en las decisiones y salvaguarda de las posturas.
En la oposición política debemos hacer una rápida introspección y darnos cuenta del rol que nos otorgó el voto popular, que no es otro que el de servir como interlocutores para canalizar las inconformidades de la gente frente a los desmanes y los incumplimientos del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se traducen en más endeudamiento, inseguridad ciudadana, carestía y dispendio entre otros males.
Por tanto, insistir en la táctica suicida de procurar una JCE de apolíticos en vez de presionar a una negociación que nos posibilite obtener algunos de esos cinco asientos, sería un craso error que nos pone en riesgo de quedarnos fuera y sin ninguna posibilidad de vigilar de manera sensata, firme y objetiva, el proceso de organización del próximo torneo electoral.
Algo que la población, ávida de un mecanismo político de redención que la libere de las insaciables apetencias, la corrupción, la impunidad y la irresponsabilidad de más de 12 años del PLD, no nos lo perdonaría y nos lo cobraría el 2020 en las urnas.
El Partido Revolucionario Moderno como principal fuerza opositora del país necesita tener representantes en la JCE porque no es lo mismo un delegado, que tiene que pedir autorización para accionar, que un miembro que esté dentro en la toma de decisiones y en el requerimiento logístico para la consecución del proceso.
