El mundo celebró ayer, de diversas formas, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La fecha fue propicia para que gobiernos, activistas y víctimas de violaciones a esos derechos reafirmaran su compromiso con la lucha por un mundo donde impere su respeto.
A los dominicanos, la fecha nos encuentra en medio del debate sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional, como forma de convertirla en un órgano que sea más eficiente en la lucha contra la delincuencia, sin que incurra en las violaciones a los derechos ciudadanos.
Esa discusión ha estado matizada por las desafortunadas exhortaciones de tres diputados para que los agentes de la Policía le “den para abajo”, es decir, asesinen, a los supuestos delincuentes. Y, también, por las reiteradas -y ahora más destempladas- críticas del jefe de la PN al Código Procesal Penal, al que ha llegado a calificar como un “adefesio”.
El Día de los Derechos Humanos nos encuentra también sacudidos por la condena al país, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por el caso de la denominada “Masacre de Guayubín”, en que siete emigrantes haitianos perdieron la vida a manos de un grupo de militares dominicanos. Cuando la CIDH envió el caso a la Corte, escribí un artículo en este diario, en el que pronosticaba que, muy probablemente, el Estado dominicano sería condenado, pues se cubrió con el manto de la impunidad a los militares que cometieron esos crímenes.
Este fallo, como el de la desaparición del profesor Narciso González, deben servir para que las autoridades del país entiendan que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es lento, pero seguro. Y que, en los casos de peticiones individuales, siempre es posible arribar a acuerdos con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
Dos temas que considero importantes. Primero, el país tiene que apostar al fortalecimiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y no sumarse al coro de naciones que se han empeñado en proponer un debilitamiento de la CIDH y de la Corte IDH, para seguir vulnerando de manera impune los derechos de sus ciudadanos.
Y lo segundo es que el Estado dominicano debe ratificar el “Protocolo de San Salvador”, sobre Derechos Económicos y Sociales, pues es el único de los documentos ampliatorios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el país no ha ratificado. Esa ratificación es consistente con el Estado Social y Democrático de Derecho que nos comprometimos a construir con la proclamación de la Constitución de 2010.
Reafirmemos nuestro compromiso como nación con la promoción y el respeto de los Derechos Humanos.
