Representantes de varias entidades, donde el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, fungió de moderador, analizaron ayer en un panel la ley 140-15 de Notario Dominicano, donde se plantearon puntos a favor y en contra de la pieza.El primero en exponer fue José Manuel Paniagua, en representación del Colegio Dominicano de Notarios, quien defendió esa ley, por entender que la misma dignifica el trabajo de esos profesionales, tras señalar que las nuevas tarifas establecidas en ella se corresponden con la situación económica que vive el país.
“Es una ley, que desde el punto de vista de los que la han impulsado es moderna, eficiente y justa”, agregó.
De su lado, el historiador y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Wenceslao Vega, consideró que esa legislación tiene puntos importantes, sin embargo, abogó para que la misma se modifique para que se “encuadren” los honorarios que reciben los notarios por actos de legalización de firmas.
Mientras que Benjamín Rodríguez Carpio, catedrático de la universidad Católica Madre y Maestra, manifestó que las tarifas en un mal menor de la Ley 140-15 en relación a los puntos que dicen: que la relación de los actos en la forma auténtica es la regla y que los actos bajo firmas privadas solamente deben quedar reservados para aquellos actos de menor trascendencia.
Otra contradicción enumerada por Rodríguez Carpio es que la Ley 140-15, en su artículo 31, habla de que los actos deben ser redactados en su “corte papel”, pero que su párrafo cuatro plantea que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) podrá reglamentar el uso de forma electrónica.
Concluido el acto, realizado en el auditórium de la SC, Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justica (Finjus), dio a las gracias a los intelectuales que asistieron al debate.
