La intención de un sector del empresariado nacional de que se eliminen los incentivos de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo encontró ayer el rechazo de los que conocen de cerca el aporte de las empresas que han sido instaladas en esas zonas deprimidas del país, arriesgando sus capitales y contribuyendo así a la generación de cerca de 10,000 empleos directos e indirectos.
Legisladores de la zona fronteriza se unieron a la voz del director ejecutivo de la Oficina de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, para exigir que se mantenga vigente la legislación y que si ha de ser modificada, es para concederle más facilidades a los inversionistas de la zona y no para limitarlas.
El senador por Pedernales, Dionis Sánchez, los diputados Rafael Méndez, de Baoruco, y Luis Castillo, de Elías Piña, defendieron los aportes a sus comunidades de la Ley 28-01 de fomento al Desarrollo Fronterizo y se mostraron de acuerdo con su modificación, pero para motivar más las inversiones.
Los tres coincidieron en afirmar que gracias a esa ley no han aumentado los cinturones de miseria en los barrios de la capital, porque la gente encuentra fuentes de empleos en las comunidades fronterizas. En respuesta a la afirmación de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) que en un comunicado publicado ayer indica que el Estado dejó de percibir el año pasado RD$1,100 millones por los incentivos de la Ley 28-01, el señador Dionis Sánchez, dijo que eso es mínimo cuando se compara con los más de RD$108,000 millones que el mismo Estado deja de recibir cada año por las facilidades que concede a las empresas fuera de esa legislación. “Y si la preocupación de los industriales es esa, entonces hay que revisarlo todo”, agregó el legislador oficialista.
Consideró que la Ley 28-01 hay que verla en el contexto de la realidad de este país, no sólo de lo que deja de percibir el Estado, sino del hecho de que impide que más gente de la frontera se desplace a las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Es partidario de una revisión de la ley, pero con la finalidad de mejorarla para proteger a los industriales nacionales, pero que también los industriales deben ver la realidad en esas comunidades que no se motivan a invertir en esas zonas a pesar de que la legislación tiene 12 años de vigencia.
De su lado el diputado Luis Castillo, de Elías Piña, estimó que la legislación tal y como fue concebida es excelente, porque ve los resultados en sus comunidades, aunque reconoce que hay que revisar algunos aspectos.
“Se generan miles y miles de empleos que sin esas condiciones la frontera realmente no recibe esa empleomanía, por lo que tenemos los legisladores de la frontera, y así lo hemos manifestado, que darle el apoyo y contribuir para que la ley se mantenga”, acotó el legislador. Invitó a los industriales que se quejan de la Ley 28-01 a que como existe libertad de empresas y de inversión, que lleven sus capitales hasta las zonas fronterizas para que disfruten de los beneficios que tienen las que están instaladas.
Rafael Méndez, de Bahoruco, dijo que las críticas que se hacen a la legislación son porque muchos empresarios son mezquinos, que se mantienen desde la fundación de la República hasta hoy, acaparándolo todo. Dijo que ahora esas empresas están “tirando el grito al cielo”, pero que esa ley es el complemento ideal de la Constitución de la República que establece que la frontera debe ser una zona prioritaria para la inversión pública.
“El que entiende que el que se instale en la frontera puede establecer privilegios irritantes y competencia desleal, pues que vaya y se instale allá”, dijo el diputado Méndez en respuesta al comunicado de la AIRD. “No hay restricción a ningún sector de la producción y los servicios para que se instalen en la frontera”, acotó.
Desarrollo Fronterizo
El director ejecutivo del Consejo Coordinador de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Miguel Cruz Jiménez, defendió la Ley 28-01, que crea incentivos fiscales a las empresas que se instalen cerca de la frontera.
Dijo que en los once años que tiene vigente, esa legislación ha posibilitado la creación de 10,000 empleos en la región.
Criticó la posición contraria a la Ley 28-01 asumida por la AIRD y otras 24 agrupaciones industriales, las cuales emitieron un comunicado planteando lo que consideran sacrificios que asume el fisco por los incentivos que concede la indicada legislación.
El director de Desarrollo Fronterizo dijo que no ve “dónde está la competencia desleal”. Considera que la oposición a la ley obedece a un comportamiento tradicional de siete u ocho familias que, según su apreciación, “han gobernado el país y no quieren que otros puedan progresar”. Cruz Jiménez se definió como un defensor convencido de la Ley 28-01 no sólo desde su cargo, sino también en su condición de ciudadano.
Destacó que si hubiera tanta bondad en esa ley, en la región, a once años de vigencia, el número de empresas establecidas en la zona sería mayor. “Pero unos pocos héroes se atrevieron”, agregó. De las 42 empresas establecidas, siete son las que han generado más celos. Y de estas, Cruz Jiménez identificó a Cola Real, de inversión extranjera (peruana).
El funcionario insistió en la pertinencia de la ley, la cual ha contribuido a generar miles de empleos directos. Las empresas amparadas en la ley pagan un salario promedio de RD$10,000 mensuales, mientras que en esa zona, otras áreas productivas no pagan más de RD$3,000 cada mes a sus trabajadores. Dijo que los empresarios de la zona incurren en costos elevados para el transporte de materias primas hacia sus instalaciones
Diputados crean comisión
La Cámara de Diputados designó una comisión bicameral para revisar la Ley 28-01, que comprende las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
El presidente del organismo legislativo, Abel Martínez Durán, explicó que durante el proceso de aprobación de la ley de reforma tributaria, se incluyó un párrafo transitorio, que “nos conmina a abocarnos en un plazo no mayor de 60 días para revisar la Ley 82-01”.
“Ese plazo ya se cumplió”, informó Martínez Durán, motivo por el cual pidió a diputados la anuencia de una comisión bicameral que dé cumplimiento a ese mandato de la ley de la revisión.
Consideró que se deben constituir reglas de juego más claras sin mutilar el derecho conquistado de las empresas ya establecidas. Informó que varios legisladores tienen propuestas para perfeccionar la citada ley de incentivos al desarrollo industrial en la frontera.
AIRD interpone recurso contra empresas
Una medida cautalar fue interpuesta por la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, solicitando la revocación de las autorizaciones de operación de siete empresas bajo el régimen de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que establece la Ley 28-01.
La audiencia fue aplazada por la magistrada Delfina Amparo, presidenta del Tribunal, para el lunes 6 de febrero, acogiendo una petición de los abogados de la defensa, que solicitaron tiempo para reunir sus alegatos.
Las empresas envueltas en el litigio son: Vaperdy, SRL; Industria Licorera La Altagracia, SRL; Maiberil International, SRL; Yoseplastc, SRL; Saerat Investment SRL; R. V. Steel, SRL y Puerto Copello, SRL, cuyos permisos, la AIRD considera violatorios a la ley.
