Aunque la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) constituye una de las reformas más importantes hechas recientemente en nuestro país; por la falta de visión y voluntad de nuestras autoridades, la misma no ha rendido los frutos esperados y podría ponerse en peligro si no se toman con urgencia las medidas necesarias. El primero de los tres seguros previstos en la Ley 87-01 de Seguridad Social que se implementó, fue el de pensiones. Las autoridades no cumplieron con el compromiso de tomar acciones en un plazo de 18 meses en relación con la cesantía; debiendo los empleadores a partir del 2003 pagar, en adición al salario, las cotizaciones de este seguro en un 70%. Este fuerte aumento sin una decisión sobre la cesantía, ha impactado en el número de afiliados al SDSS y el monto de los salarios.
Peor aún, las autoridades identificaron en los fondos de pensiones una herramienta para ser utilizada como instrumento de política monetaria. Por esto hicieron aprobar mediante la modificación de la Ley la inversión en títulos del Banco Central, que no estaba prevista y que había sido rechazado por los representantes empresariales, bajo el argumento de que no se había incluido precisamente para eliminar el conflicto de interés existente entre las políticas monetarias de corto plazo y las políticas de largo plazo del sistema previsional, lo que se agravaba con la multiplicidad de roles del Banco Central dentro del SDSS. Habiendo luego logrado incluir la inversión en títulos de deuda emitidos por el Estado; mientras se reduce el porcentaje de emisiones de empresas privadas.
De nada ha servido nuestra Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, la cual debería ser el órgano definidor de las políticas que permitieran, no solo alcanzar la mayor rentabilidad y su diversificación, sino también que los mismos sean invertidos en actividades que generen empleos; la cual está únicamente conformada por representantes de instituciones públicas: Banco Central, superintendencias de Pensiones, Seguros y de Valores, y un representante de los afiliados que no ha cambiado en años miembro de una central sindical.
En Chile, país modelo de nuestro sistema, la historia ha sido muy distinta, porque la homónima de nuestra Comisión Clasificadora es una institución altamente técnica y plural, en la que participa el sector privado y la academia, habiendo logrado trazar claros lineamientos de inversión por tipo de instrumento y calificación e impulsar importantes proyectos asegurando una buena rentabilidad a los afiliados. En nuestro caso el resultado ha sido que los fondos no han crecido ni han obtenido la rentabilidad que deberían, no están diversificados ni sirviendo para actividades productivas, y están generando altas comisiones sin la seguridad de que servirán para un retiro digno.
Muchos solo se acuerdan de los fondos para identificarlos como solución a otros problemas, olvidando que cualquier emisión que sirviera a los propósitos de la ley pudiera ser contemplada, si tuviéramos un verdadero órgano creador de políticas de inversión de los fondos, y no unos políticos recostados sobre los mismos.
