La jueza de la Instrucción Especial de San Cristóbal aplazó ayer por cuarta ocasión la audiencia preliminar donde se conocerá acusación y solicitud de medida de coerción al alcalde Raúl Mondesí.Luz del Carmen Matos Díaz reenvió el conocimiento para el 4 de septiembre a los fines de que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), incorpore al legajo probatorio, los resultados de las pruebas caligráficas hechas a Mondesí así como a Bienvenido Araujo Japa, secretario general del ayuntamiento de San Cristóbal; Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero; y Edward Vianelo Pontier, también empleado. De igual modo, para que añada las certificaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a varias cuentas presuntamente utilizadas por los acusados de malversar más de 300 millones de pesos.
Como en las tres audiencias anteriores, seguidores del expelotero así como empleados municipales, acudieron al Palacio de Justicia en apoyo a él.
El Ministerio Público solicitará la prisión preventiva como medida de coerción a los acusados de haber manejado los fondos del cabildo de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
En su escrito acusatorio, señala que se pudo establecer que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Establece que los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tienen deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley sobre Fondos de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS).
Igualmente, que se hacían pagos en exceso por la realización de obras de infraestructuras. Además, contratación de bienes, obras y servicios, violentando el procedimiento de compras establecido en la ley.
