El procesamiento de un regidor, que es un ente de poder, permite develar una red de sicariato desde una organización de transportistas que culmina con la detención de su líder, acusado de dirigir las tramas criminales.Una jueza suspendida e investigada porque habría recibido un soborno para liberar al regidor señalado por crímenes.
La jueza acusada declara que recibió el soborno y concedió la libertad por orden de otro juez jerárquicamente superior, que es miembro del Consejo del Poder Judicial.
Y la misma jueza afirma que el juez superior sugería que obraba de esa forma en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Pero antes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia había declarado voluntariamente a los medios de comunicación que la jueza admitió en su presencia que había recibido el soborno.
Ayer, un diputado declaró que la corrupción también envuelve a fiscales y habla de la lista de más de 120 representantes del Ministerio Público envueltos en ilícitos.
Mientras, la pregunta obligada es dónde se aloja la verdad.
En los historiales de los delincuentes, es muy frecuente que ciertos acusados recurran a cualquier medio para arrastrar a otras personas. Ganan tiempo, crean confusión y desacreditan la persecución.
Es un hecho que el presidente de la Suprema Corte de Justicia cometió un error con dar a conocer las pruebas del soborno contra la ya famosa jueza, lo que la ayudó a defenderse.
En toda esta madeja, la jefatura del Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de actuar con la mayor entereza. Tiene que contribuir a diseccionar en tanta putrefacción.
Asimismo, las entidades interesadas en una institución llamada justicia, que es clave para la sociedad, deben evitar precipitar juicios excesivos, que estimulen la destrucción de las honras y las dignidades por lo que pudieran ser conveniencias pasajeras.
La verdad de todo lo que se está diciendo debe salir a flote.
Los responsables de este estado de descomposición que se está aireando deben recibir la más alta condena, primero por sus actos, y luego, por los daños que hayan podido causar a terceros, si efectivamente, son víctimas de sus perversiones.
