La aplicación efectiva de políticas y normas de administración desde el sector público como ente regulador tienden a dar resultados positivos, de mucha satisfacción y a la vez de confianza tanto de los entes locales como desde los organismos y gobiernos internacionales.
Hace diez años, en República Dominicana se registró una crisis en gran parte del sector financiero que afectó seriamente la economía, al punto que todos los indicadores de progreso logrados hasta ese entonces, se vieron seriamente disminuidos. La economía se desplomó, los niveles de pobreza aumentaron, la tasa de desempleo se incrementó y hasta aumentaron los niveles de inseguridad, marcados principalmente por una mayor incidencia de la desigualdad social.
Todo ello fue motivado en parte por algunas debilidades en los estamentos de regulación del sistema financiero. Sin embargo, la experiencia, junto con el escarmiento y sobre todo, la buena disposición de las autoridades y del sector privado por evitar que esa situación se vuelva a repetir, hicieron posible, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional, la aplicación de nuevas legislaciones y mecanismos de gestión que le permiten a República Dominicana exhibir hoy en día uno de los más solventes y confiables sistemas financieros de la región y gran parte del mundo.
Así lo ha expresado con toda seguridad el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, quien durante su participación en el Desayuno de elCaribe destacó que los niveles de solvencia de la banca local promedian el 18%, cuando las normas internacionales exigen un 10%.
Asimismo, los bancos cuentan actualmente con una sobrecapitalización que ronda los RD$42,000 millones, lo que en términos relativos es ocho puntos por encima de las exigencias de regulaciones nacionales y extranjeras.
No hay dudas de que cuando se aplican las normas de regulación con efectividad y equidad, los resultados siempre son positivos y de beneficio colectivo.
