De las definiciones más sencillas y difundidas de la Democracia Representativa se colige que es el régimen político en el cual el pueblo ejerce plena soberanía, a través de sus representantes previamente elegidos.De ahí que se le reconozca como un mecanismo indirecto del ejercicio del poder, en el que la legitimidad cobra importancia capital para contribuir a la buena gobernanza.
Esa representación del pueblo está circunscrita, mayormente, en los tres poderes fundamentales del país: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como también, aunque todavía no se le reconozca como tal –aun cuando fuera así previsto por nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte–, en el poder Municipal.
En lo relativo a los controles constitucionales para preservar la integridad del patrimonio del Estado, los ingresos, gastos y el uso de fondos públicos, el Poder Legislativo (PL) ejerce el control político, el cual ejecuta a partir del informe anual que le presenta la Cámara de Cuentas de la República (CCR), por mandato constitucional, a más tardar el 30 de abril de cada año, sobre el Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, la que audita sobre la base del Estado de Recaudación e Inversión de la Renta (ERIR), así como, el Estado de Deuda Pública, presentados ambos por el Poder Ejecutivo.
La CCR es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Examina las cuentas generales y particulares de la República mediante la realización de auditorías, estudios e investigaciones especiales a las instituciones del Gobierno Central, las entidades autónomas y descentralizadas, las organizaciones municipales, las ONG y cualquier otro ente físico o jurídico que maneje fondos y/o recursos públicos. En cambio, a la Contraloría General de la República (CGR), es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, le corresponde la fiscalización interna y la evaluación del uso apropiado de los recursos públicos; es decir, supervisar la correcta aplicación de los controles y normativas diseñadas para promover: salvaguarda de los activos, información financiera confiable, apego a la política de la entidad y rendición de cuentas con transparencia.
La estructura de control que acabamos de describir muy someramente, luce correcta y bien pensada; y de hecho es así. No obstante, para que su gestión sea más efectiva, requiere la participación activa de un órgano que se origina en el seno mismo de la sociedad civil; me refiero a la Participación Ciudadana (PC), en todas sus manifestaciones, cuya misión principal es la de ejercer el Control Social (CS), lo que implica, entre otras cosas, denunciar inobservancia y/o desviaciones en el cumplimiento de las leyes y normativas que regulan el comportamiento ético, por parte de los titulares de las entidades gubernamentales y/o municipales, e incluso participar en el seguimiento a las iniciativas comunitarias. Para esto, las “fuerzas vivas” de la sociedad deben organizarse e incrementar sus capacidades apropiadamente.
La importancia del CS radica en que cuando se aplica con criterio de imparcialidad, apegado a la verdad y la objetividad –que amerita una labor de esa envergadura–, genera confianza y respeto, además, estimula la voluntad de rendir cuentas por parte de los responsables de las instituciones que aun permanezcan rezagadas.
De ahí que en la pasada XXVI Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), cuya sede en el país promoviéramos, se adoptó la Declaración de Punta Cana, orientada a garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo así al fortalecimiento del Control Social y las necesarias labores de seguimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Ojalá que el Sistema Nacional de Control y Auditoría del país logre operar con la armonía y colaboración mutua suficientes, que permita realizar más y mejores auditorías con la eficiencia, eficacia y economía que requiere y amerita el país.
Esto compete a todos los órganos de control: político, externo, interno y social. Si así lo hacemos, habremos de contribuir a que crezca y se afiance la cultura de rendir cuentas, pues como reza el título de estas líneas, que corresponde al lema que en su momento recomendásemos para la CCR: “fortalece la democracia”…
