El Ministerio Público solicitó ayer al director de la Policía, Nelson Peguero Paredes, que identifique y ponga a disposición de la Fiscalía de Baní a todo el personal que participó en los operativos que desencadenaron en la muerte de un taxista y un mecánico.El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, también solicitó que sean remitidas las armas de reglamento asignadas a cada uno de los agentes actuantes, así como las que fueron asignadas para ser usadas en los operativos realizados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM). Además, requirió la conformación de una comisión investigadora de la Policía para dar soporte en las diligencias que realiza la Fiscalía de Baní en torno a la muerte de Rubén Darío Díaz Pimentel y de Tirson Pérez.
En tanto que el vocero policial, Nelson Rosario, informó ayer que 22 armas de policías y dos propiedad de civiles fueron enviadas a los laboratorios balísticos para ser analizadas y establecer las responsabilidades de quienes ultimaron al taxista y al mecánico.
Nelson Rosario también dijo que a las cinco personas a las que ayer un tribunal de Baní les dictó tres meses de prisión preventiva no fue por la muerte del taxista y el mecánico, sino por el intento de robo a la casa de un empresario de esa ciudad. “Debo aclarar que en el caso de Baní hay dos hechos, uno es el homicidio del taxista y el mecánico, y otro es intento de robo contra un empresario. Las cinco personas a las que se les solicitó coerción fue por ese intento de robo”, dijo Nelson Rosario.
Reiteró que hay una investigación abierta para establecer la responsabilidad de la Policía en el supuesto intercambio de disparos en el que murieron los dos ciudadanos.
La muerte del taxista y del mecánico en Baní se produjo el pasado domingo 11 de diciembre, bajo circunstancias que aún se investigan, durante un alegado enfrentamiento de disparos entre agentes policiales y una supuesta red criminal que operaba en diferentes puntos del país.
