Por primera vez, desde hace dos décadas, tendremos unas elecciones conjuntas para los niveles presidenciales, congresuales y municipales, en la cual se escogerán más de 4 mil cargos. Esto significa que en el terreno electoral tendremos a varias decenas de miles de candidatos compitiendo por el favor popular. Aunque nos encontramos a un año y tres meses de las elecciones del 2016, es necesario que desde ya se comience a tomar medidas para evitar las graves dificultades que podrían presentarse en un proceso electoral tan complejo como el que se avecina.
El país se encuentra ante dos escenarios posibles; el primero de ellos es el que se establecería si prosperara el proyecto reeleccionista, en el cuál la oposición tendría poca posibilidad para la competencia dado el apoyo con que cuenta el presidente Medina. En un escenario sin reelección, tal y como lo establece la Constitución actual, no habría nada definido. Ningún partido ni candidato podría darse como ganador en las elecciones. Si las distintas encuestas algo dejan claro, es la necesidad de una segunda vuelta electoral en este escenario. Por lo tanto, dada la complejidad anteriormente señalada, cabe preguntarse si el país está preparado para unas elecciones justas, libres y transparentes.
Son muchos los retos que se tendrían, comenzando por la falta de regulación para garantizar la integridad de las elecciones. Aunque en las últimas semanas se ha avanzado en la dirección de la aprobación de la Ley de Partidos, habría que ver que sale al final. Por otro lado, es poco lo que se habla de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Sin estas normas, es difícil controlar el quehacer de los partidos y los candidatos en la campaña. Regulaciones de este tipo son esenciales para garantizar la inclusión política y la equidad en la competencia electoral. Reglas claras y organismos electorales dispuestos a hacerlas cumplir, es lo que permitiría reducir la conflictividad en las elecciones.
Algunas provincias han comenzado a ser afectadas por una campaña electoral extemporánea, que a medida en que avancen los meses, será mucho más intensa. Esto tiene que ser controlado, pues de esta manera no solo se evita la contaminación visual, sino que se reducen los elevados costos de la campaña.
Esa demanda de recursos cuantiosos, acompañada de la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento político, se constituye en un riesgo que habría que enfrentar. El Congreso, la JCE y los partidos, deben crear las condiciones para que la democracia dominicana no retroceda en materia electoral, pues en la actualidad, penden serias amenazas.
