El jurista descartó que la declaratoria de inconstitucionalidad que exonera a los directores de responsabilidad judicial de posibles actos difamatorios vaya a transferirse a redactores y reporteros.
El presidente de la Fundación Prensa y Derecho aseguró que la sentencia fallada por la Suprema Corte de Justicia, en la cual declaró inconstitucional los artículos 46 y 47 de la Ley 61-32, ha restituido el régimen de derecho en la República Dominicana.
Namphy Rodríguez calificó la decisión como una conquista de las libertades públicas y de los derechos que consagran la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Dijo esperar que dicha sentencia del tribunal de alzada se convierta en un referente jurisprudencial para los demás tribunales del tren judicial del país.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, el periodista, abogado y profesor universitario vaticinó que la mordaza de la censura previa en el periodismo está llegando a su fin en la República Dominicana.
Sostuvo que la sentencia que exonera al director de elCaribe, Osvaldo Santana, de un hecho que no cometió, acaba con 50 años de una legislación anacrónica que vulneraba la libertad de prensa.
“Esa sentencia emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia ha restituido el régimen de derecho en la República Dominicana al declarar inconstitucional los artículos 46 y 47 de la ley 61-32 sobre Expresión y difusión del pensamiento, que era una espada de Damocles sobre el ejercicio del periodismo.
” Reiteró el presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Dijo que el país está viviendo un momento estelar en cuanto al afianzamiento de las libertades públicas, y eso hay que atribuírselo a la Constitución del 2010, la cual definió como altamente normativa. l elCaribe
Espera que despenalicen el delito de palabra
Rodríguez dijo esperar que el Tribunal Constitucional despenalice el delito de palabra tal como lo solicitó la ONG que preside, conjuntamente con tres directores de periódicos.
Recordó que la tendencia que hay en los países de democracia sólida, es que el delito de palabra no conlleve prisión, y que las demandas y los procesos judiciales solo se ventilen por la parte civil.
