El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sostuvo ayer que se hace una mala interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional que fija los criterios de nacionalidad en el país al afirmar que la decisión les niega los derechos a los hijos de extranjeros en el país, cuando en realidad no es así. “La sentencia no está negando derecho, la sentencia está encausando y está diciendo todo el que quiera la nacionalidad se debe basar en eso”, apuntó.
Entrevistado en el programa Enfoque Matinal de CDN, dijo que la sentencia lo que establece es la garantía de la nacionalidad a través del Plan Nacional de Regulación de extranjeros que residen ilegalmente en el país y que fue establecido en la ley de Migración. Explicó que la sentencia del Constitucional obligará a establecer una serie de nuevas disposiciones en la Junta para poder dar cumplimiento a lo que establece en el interés de garantizar los derechos de las personas afectadas con el fallo de la corte. Al valorar la sentencia, apuntó que pone fin al conflicto sobre la nacionalidad por lo que la definió como completa. “La sentencia lo que dice es que las medidas que ha venido aplicando la Junta son correctas y por tanto, lo que nos sentimos es satisfecho de que hayamos actuado apegado a la ley”, expresó.
El presidente de la JCE aclaró que el acta de nacimiento “no es un instrumento para otorgar o negar la nacionalidad”, sino un documento declarativo, cuyo propósito es garantizar el derecho al nombre y a la personalidad de todas las personas nacidas en la República Dominicana sean o no extranjeras”.
Rosario informó que el lunes a las diez de la mañana recibirá en su despacho al jefe de la misión del sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Gonzalo Vargas Llosa, y otros cinco integrantes de organismos internacionales a quienes explicará el alcance de la sentencia 123-2013 que emitió el pasado 23 de este mes el Constitucional y que define los criterios para la nacionalidad dominicana. Rosario dijo que el encuentro fue pautado a petición del presidente Danilo Medina que le llamó para esos fines. Dijo que cualquier otra persona o grupo que tengan interés en interactuar con las autoridades de la JCE sobre el tema serán escuchadas. “Después de escuchar a todo el mundo entonces la JCE emitirá la reglamentación tendiente a cumplir con las medidas ordenadas por el Tribunal Constitucional”, dijo.
Opiniones a favor y contra del fallo
El jurista Ramón Antonio (Negro) Veras contradijo el fallo del Constitucional al afirmar que antes de la Carta Magna del 26 de enero de 2010, los hijos e hijas de nacionales haitianos, ilegales o no, nacidos en el país, les corresponde la nacionalidad dominicana. El abogado también sugiere que se haga un censo con la supervisión de las Naciones Unidas para determinar el estatus de los haitianos-dominicanos que no tienen documentos.
Además sugiere que se haga un acuerdo entre Haití y la República Dominicana para la entrada de nacionales haitianos al país para el corte y tiro de la caña, u otras labores agrícolas e industriales.
De su lado, Julio Cury calificó de correcta la sentencia del Tribunal Constitucional debido a que por distintas razones las parturientas que no son residente legalmente en el país no pueden invocar el “ius solis” para adquirir el derecho a la nacionalidad dominicana. Calificó de absurda la invocación del principio de la favorabilidad para criticar el fallo del TC, alegando que la nacionalidad no es un derecho fundamental, sino un derecho político cuyo margen de regulación legal es discrecional de cada país.
Plan de Regularización, la mejor vía para los ilegales en el país
Los extranjeros que residen ilegalmente en la República Dominicana desde el 10 de junio del 1929 hasta el 23 de septiembre del 2013, cuentan con dos opciones para regularizar su estatus: acudir a la embajada de su país y registrarse como nacionales de su respectivas naciones y a partir de ahí reunir la documentación que establecen las leyes dominicanas o esperar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que debe desarrollar el Estado dominicano conforme lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Nacionalidad.
Según la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de la República Dominicana que hizo la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2012, en el país hay 634 mil 632 extranjeros de los que 458 mil 233 son haitianos. La encuesta establece que además residen 244 mil 151 personas descendientes de extranjeros y de esa cantidad, 209 mil 912, son de padres haitianos.
La ley general de Migración promulgada el 21 de junio del 2004 establece entre sus disposiciones transitorias el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país sobre los criterios del tiempo que tiene la persona viviendo en el país, sus vínculos con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas.
La sentencia del Constitucional establece que aunque las medidas de saneamiento del Registro Civil que ha implementado la JCE han sido positivas, comenzaron a aplicarse de manera tardía y sugiere al Poder Ejecutivo poner en marcha lo antes posible el Plan Nacional de Regularización.
TC: La CIDH confundió tránsito con transeúnte
En las argumentaciones de su sentencia, el Tribunal Constitucional establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de una condena al Estado dominicano confundió el plazo de diez días otorgado al extranjero transeúnte como si también correspondiera al extranjero en tránsito “lo que resulta un flagrante error interpretativo, dada la distinción que existe entre ambas categorías de extranjeros”.
