No hace mucho tiempo escribí lo que ahora repito: las instituciones encargadas del mantenimiento de las normas y valores sociales son más culpables de la corrupción que quienes las violan; me refiero a los padres, la escuela, la iglesia, los clubes, la legislatura y la justicia.
El mantenimiento de la vigencia de normas formales que prescriben comportamientos, definen sanciones y procedimientos de aplicación contra los violadores es algo de imprescindible ejecución, si es que nuestra sociedad desea ver luz al final del oscuro túnel que ahora habitan personajes favorecidos por partidos políticos que solo representan a sus claques dirigenciales, cuyo efecto ha llevado a nuestras instituciones judiciales a pasar por alto las violaciones a los códices conductuales, tal que premio a comportamientos que debieron conducirlos a la cárcel a purgar culpas.
Esa porquería es posible por la ingeniería de dominio partidista que ha sido desarrollada en cada uno de los instrumentos de nación, especialmente los formales básicos -la Constitución y la Legislación-, pero que permea toda la vida pública, con comisiones, agencias, grupos de trabajo, etc. Todo organizado mediante acuerdos partidistas pagados por fondos del erario público no contemplados en el presupuesto nacional, con el principal propósito de dar empleo a compinches.
Me repito por el enojo que me produjo leer a Colombo ayer. Enójese usted también: “Adolfo Oscar Caraballo hizo comparecer a su tribunal a alguien que había fallecido; designó por su cuenta al secretario del tribunal; compró un vehículo de lujo sin notificarlo a la Suprema y registró sospechosos depósitos bancarios por casi 15 millones. Altagracia Sánchez Molina emitió decisiones basándose en documentos ilegales y falló convenientemente asuntos de amigos, compadres y abogados a su servicio. ¿Sabe, tonto pueblo dominicano, cuál ha sido la “sanción”?: “Destitución y desvinculación del sistema de carrera judicial”….(¡Y a disfrutar libremente de los beneficios de la corupción!)”.
No se requiere gran sabio para darse cuenta de las implicaciones que tiene la falta de sanción a los delincuentes. Todos los días se hace la sociedad de mañana con las lecciones que reciben nuestros hijos de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Cada día vemos, oímos y leemos noticias que nos alarman y nos asustan sobre el tráfico de estupefacientes, la limpieza de dineros malhabidos, la guerra por puntos de expendio de drogas, la prevaricación de administradores públicos, como objetos de enriquecimiento ilegítimo. No podemos continuar pasando el paradigma del enriquecimiento ilícito como algo que la sociedad aplaude.
