La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló ayer la sentencia que ordena realizar un juicio al exdirector de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, acusado de malversar RD$157 millones en la institución. Con su sentencia, los magistrados Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, también beneficiaron a Elvin Leonor Arias Morbán y José Jacobo de León Garabito. La Corte confirmó además, el auto de no ha lugar emitido el pasado dos de agosto de 2013, por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en favor de los imputados.
En su sentencia, los jueces indican que la decisión tomada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación no garantizó el debido proceso de ley “toda vez que la posición adoptada por esta vulneró el estado de inocencia que le asiste a los procesados y transmite un mandato de culpabilidad, con lo que no se garantiza el principio de legalidad y el respeto a las garantías fundamentales”.
Indican también que la Corte al realizar la valoración del recurso de apelación se adentró al estudio de las acciones atribuidas a los imputados y las pruebas aportadas por el Ministerio Público e hizo juicio de valor sobre las mismas, “excediendo más allá de su facultad de atribución al considerar aspectos de culpabilidad sobre los procesados…”.
Para dictar el auto de apertura a juicio contra los tres funcionarios, la Corte de Apelación argumentó “que las acciones recabadas por el acusador público, unidas a las pruebas recabadas en la fase de investigación, permiten suponer que la responsabilidad penal de los imputados puede resultar comprometida, toda vez que esas acciones encajan en algunas de las conductas descritas en los tipos penales que figuran en la acusación”. Wessin Chávez estuvo representado por los abogados Abel Rodríguez del Orbe, Marino Félix Rodríguez, Eduardo Céspedes Reyes y Rafael Piña.
Ministerio Público señala hechos cometidos
Entre los hechos graves señalados por el Ministerio Público están los pagos por un monto de más de RD$15 millones por concepto de financiamiento de 25 unidades de vehículos para igual número de funcionarios que dejaron de pertenecer a la institución y no cumplieron con el pago. Sostiene que se realizaron pagos irregulares de nómina por un monto de RD$150 millones.
