La posición asumida por los partidos políticos mayoritarios de solicitar a la JCE “posponer” la aplicación del artículo 81 de la Constitución sobre la representación y composición de la Cámara de Diputados, es un real pero muy lamentable retrato de la poca vocación de respeto a la ley que tienen nuestros políticos, acostumbrados como están a modificar la Constitución a sus conveniencias y a que la ley sea para que la cumplan solo los ciudadanos.
Según distintas investigaciones realizadas, entre ellas por el CREES y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, nuestro Congreso no solo es uno de los más numerosos sino también de los más costosos de América Latina. Actualmente tenemos 32 senadores y 190 diputados (178 provinciales, cinco nacionales y siete del exterior) para un total de 222 legisladores, lo que contrasta con el promedio de la región centroamericana de 85 legisladores por país.
En base al presupuesto asignado al Senado y la Cámara de Diputados para el año 2015, se ha calculado que cada congresista costará a cada uno de los 9.8 millones de dominicanos RD$586 (US$13.32), lo que nos hace ocupar la vergonzosa cuarta posición entre 20 países de Latinoamérica en cuanto a costo del Congreso; aunque en realidad es la primera, dado que los otros tres son Brasil, México y Argentina, países que no solo están entre los cuatro más poblados, sino que son las más grandes economías de la región y únicos miembros del G20.
A pesar de que en la modificación constitucional de 2010 muchos sectores propugnaron por la reducción del número de los diputados, la decisión fue una supuesta congelación en 178 con un aumento a 190, agregando los nuevos diputados nacionales y del exterior; habiéndose decidido igualmente en el artículo 81 objeto del actual conflicto de los partidos políticos mayoritarios con la JCE, que los 178 diputados provinciales serán “distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos…”.
Esa modificación constitucional del 2010 que se llevó de encuentro una de las mayores conquistas democráticas, la celebración de elecciones separadas presidenciales y congresuales, “regaló” a los actuales congresistas que debieron haber cesado en 2014, dos años más hasta el 2016.
Nuestros políticos acostumbrados como están a colocar sus apetencias de poder y sus repartos por encima de la ley y de los intereses del país, sin el menor rubor se atreven a reaccionar virulentamente contra una decisión de la JCE sustentada en el cumplimiento de la Constitución que ellos mismos aprobaron, porque afecta sus arreglos políticos, ya que algunas provincias perderán diputados, aunque siempre tendrán un mínimo de dos, y otras tendrán más, como es el caso de La Altagracia que aumentará de cuatro a cinco y el de la provincia de Santo Domingo, que pasará de 36 a 44.
Las malas prácticas de nuestros políticos han hecho que tengamos un Estado cada vez más grande, costoso e ineficiente, unas campañas electorales que cuestan cifras alarmantes y en las que no hay transparencia ni control y un sistema de partidos cada vez más débil. Por eso no quieren aprobar ni una adecuada ley de partidos políticos, ni la modificación a la ley electoral, y ahora pretenden imponer que se viole un claro mandato constitucional, para seguir actuando como chivos sin ley, lo que no podemos permitir.
