El Senado aprobó este miércoles la Segunda Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros entre el Gobierno dominicano y la empresa minera Barrick Gold, acogiendo un informe favorable presentado por la comisión bicameral que estudió el acuerdo.
La senadora Cristina Lizardo, presidenta de la comisión, presentó un amplio informe favorable, «luego de ponderar las ventajas, beneficios y el impacto fiscal y financiero para la República Dominicana en términos económicos».
La enmienda al acuerdo fue sancionada con el voto de 23 senadores presentes. El senador Félix Vásquez no votó por la enmienda que será remitida a la Cámara de Diputados para su sanción.
Vásquez solicitó que la asignación del cinco por ciento se le entregue directamente a la provincia y que ponga atención a las 600 familias que están siendo afectadas por la explotación minera.
El acuerdo garantiza que, a un precio promedio del oro de US$1,600 la onza, el gobierno, recibirá ingresos de alrededor de US$11 mil 615 millones durante la vida del proyecto. Este monto equivale al 51.3 por ciento del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1 por ciento, que recibiría con el acuerdo anterior.
El gobierno no reconoció como inversiones un total de US$681.9 millones. Esto equivalente a una deducción del 14.2 por ciento del total de la inversión y las pérdidas acumuladas reportadas por la empresa minera. Esto se traducirá en un aumento significativo de los ingresos fiscales para el Estado Dominicano.
Se acordó el pago retroactivo de US$36.4 millones de dólares por parte de la empresa minera, en concepto de impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012.
A partir de ahora el Gobierno empezará a recibir beneficios inmediatos, en lugar de tener que esperar a que Barrick Gold recupere primero su inversión, lo que significa que en el periodo 2013-2016 el gobierno recibirá mil 283 millones de dólares adicionales, calculando un precio promedio de US$1,600 la onza.
Al quedar reducida la tasa de depreciación del 40 al 15 por ciento, los accionistas de Barrick aplazarán la recuperación de su inversión hasta 2026, en lugar de hacerlo en 2016 como estipulaba el acuerdo inicial.
El nuevo acuerdo establece además un Impuesto Mínimo Alternativo sobre los ingresos brutos derivados de las exportaciones de todos los metales que realice la minera de Pueblo Viejo. Antes de la negociación, lo único que tenía seguro el Gobierno dominicano eran los US$1,359 millones de la Regalía, pero hoy, gracias a este impuesto progresivo, el Estado tiene asegurado US$10,674 millones, casi 8 veces más.
También abarca reducir la tasa de interés sobre los préstamos que las filiales de Barrick Gold otorgaron a Pueblo Viejo, llegándose a reducciones de casi 300 por ciento en las tasas de interés del mercado libre, lo que incrementa los beneficios del proyecto y los impuestos a recibir por el gobierno.
En las futuras inversiones de capital para ampliación o para aumento de la productividad de la explotación minera, deberán ser previamente informadas y debidamente justificadas al Gobierno y serán aportadas íntegramente por los inversionistas de Barrick Gold.
Tanto la Dirección General de Aduanas como la Dirección General de Impuestos Internos dejaron conciliados con la empresa minera procesos expeditos y consistentes con las prácticas internacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia para ambas partes. Además, se han clarificado y detallado aspectos técnicos sobre el suministro eléctrico del proyecto.
Otras aprobaciones
Además, los legisladores aprobaron en primera lectura el proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social.
También, el que designa con el nombre de Manuel Corripio García la calle proyecto central del sector la Esperilla, en el Distrito Nacional; y el que designa con el nombre de Profesor Héctor Bienvenido García López, la Escuela Básica Maguana Abajo, municipio de San Juan.
Igualmente, fue sancionado el proyecto que designa con el nombre de Fermín Rosario la Escuela Básica y Media de la Caoba, en el Municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
De igual manera, fueron aprobados el proyecto que designa con el nombre de Francisco Alberto Feliciano Rijo, la calle Ámbar, que divide los sectores Papagayos y Las Piedras, del municipio de la Romana; así como el que designa con el nombre de Profesor Octavio Emiliano, la Escuela Primaria del Barrio Punta de Garza, municipio de Hato Mayor.
Los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de Ley que designa con el nombre de Manuel Arsenio Ureña la carretera que comunica las comunidades Pedregal, Los Montones, Mata Grande, del municipio San José de las Matas, Provincia Santiago.
Además, el que designa con el nombre de Mary Pérez Vda. Marranzini el tramo de la calle San Francisco de Macorís comprendido entre la avenida Leopoldo Navarro y la calle Paseo de los Periodistas, sector Miraflores, en el Distrito Nacional.
Los senadores sancionaron en única lectura nueve contratos de ventas de Terrenos entre el Estado y particulares.
