Como hemos dicho en varias ocasiones, la seguridad social dominicana solo ha servido para beneficiar a diferentes grupos económicos, y no a los trabajadores, como debió haber sido desde sus inicios.
Durante los más de 23 años de vigencia de la Ley 87-01 de Seguridad Social, se han presentado diversas propuestas para modificarla, sin que hasta ahora hayan encontrado una voz que las escuche y les dé respuesta.
Sin embargo, hoy comienzan a escucharse voces de esperanza para los trabajadores dominicanos, a través de iniciativas impulsadas por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), institución que, a juicio de algunos sectores, hasta ahora ha desempeñado un papel débil dentro del sistema.
La DIDA, bajo el liderazgo de su director, Elías Báez, ha planteado la conveniencia de reducir el copago que realizan los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por las consultas médicas, estableciendo montos que oscilarían entre RD$500 y RD$1,500.
De acuerdo con un estudio de esa institución, actualmente los afiliados llegan a pagar hasta RD$3,000 por una consulta con un médico especialista.
La propuesta de la DIDA también contempla que los afiliados a las ARS no tengan que pagar nuevamente cuando acudan a mostrar los resultados de los estudios que previamente les hayan indicado los médicos, como suele ocurrir en la actualidad.
Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones ha planteado la posibilidad de que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan acceder a préstamos con recursos de sus propios fondos para la adquisición de viviendas, bajo condiciones de bajos intereses.
Esto significa que aquella propuesta que hemos venido defendiendo desde hace tiempo parece haber encontrado, finalmente, un oído dispuesto a escucharla y a considerar su ejecución en beneficio de los trabajadores dominicanos.
Mantengo la esperanza de que estos planteamientos se conviertan en realidad y no terminen diluyéndose entre intereses particulares, como ha sucedido en otras ocasiones.
Los trabajadores dominicanos merecen una seguridad social que responda a sus necesidades, proteja sus derechos y les garantice mejores condiciones de vida. Ya es tiempo de que el sistema esté verdaderamente al servicio de quienes, con su esfuerzo y trabajo, contribuyen a sostenerlo.
