El procurador general de la República ha enviado señales interesantes sobre las misiones a su cargo, lo que viene a ser un aliento en un país donde campea la desesperanza.
La mejor expresión de sus acometidas lo representa la instancia a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en la que pide revocar el auto del director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), mediante el cual archivó de manera definitiva el expediente o las denuncias contra el ingeniero Félix Bautista.
El procurador Francisco Domínguez Brito impugna de entrada el archivo definitivo por “insuficiencia de pruebas”, toda vez que según afirma trasciende la previsión para el caso. Y en efecto, acude al tribunal de la Suprema.
Llama la atención la preocupación de Domínguez Brito sobre las implicaciones de una medida de esa naturaleza. Considera que imposibilitaría realizar una investigación seria y que disponer un archivo definitivo, “cuando lo que procede es un archivo provisional” sería crear un precedente que abriría “una gran ventana a la impunidad, a través del mecanismo de denuncias o querellas poco serias y respuestas por parte del Ministerio Público alejadas de fundamentos jurídicos…”
Más aún, la Procuraduría entiende que la decisión “no se corresponde con la política de persecución del Ministerio Público y crea un precedente nefasto para el acusador público en el que otros fiscales, bajo los mismos argumentos, pueden disponer archivos definitivos, a favor de personas con casos que tienen méritos para una acusación…”
Ante tan categóricos señalamientos, al director del DPCA no le queda otra alternativa que renunciar. Tal gesto no sería nada extraordinario, pero quizás sea lo más oportuno, si consideramos la tendencia de los hechos y el franco cuestionamiento a que ha sido sometido.
Por demás, sólo nos resta solidarizarnos con Domínguez Brito y reafirmarnos en su comprensión de que la sociedad demanda y merece un Ministerio Público objetivo, confiable, garante de las leyes.
Asimismo, creemos que el ingeniero Bautista tiene derechos que deben ser respetados, los cuales saldrían robustecidos si las denuncias son investigadas seriamente, con el rigor que espera la sociedad.
