El sistema de justicia cerró el año con mayúsculos escándalos entre sus principales actores, agudizando el sentimiento de desconfianza en la población al punto de que se solicitó la destitución de sus máximos representantes.
La punta del iceberg que dejó al descubierto las supuestas “mafias” que existen en el Poder Judicial fueron los tres meses de prisión preventiva dictados contra una jueza y un exmiembro del Consejo del Poder Judicial acusados de pertenecer a una red que manipula procesos a favor de personas vinculadas al crimen organizado y el lavado de activos así como el juicio disciplinario iniciado a otros tres jueces señalados como miembros de dicha estructura.
La libertad del regidor por Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, mediante hábeas corpus, la devolución de 20 millones de dólares a la compañía constructora de la torre Atiermar vinculada al narcotraficante Arturo del Tiempo y la devolución de un avión relacionado con uno de los ejecutivos del Banco Peravia, fueron las decisiones emitidas por la Jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, tomadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para someterla a la Justicia junto al exconsejero Francisco Arias Valera.
También estuvo en tela de juicio la independencia o credibilidad del Ministerio Público a la hora de investigar, así como presentar acusación a los imputados por algún hecho delictivo, tal fue el caso de los dos suspendidos fiscales de la provincia Santo Domingo enviados a juicio de fondo penal y juicio disciplinario por supuestamente sustraer más de 900 kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), caso que involucró además a altos oficiales del cuerpo del orden, entre ellos su director, excoronel Carlos Fernández Valerio, así como civiles.
También la destitución y sometimiento a la justicia del fiscal de Ocoa, Jose Miguel Cuevas Paulino, por implantar un arma de fuego debajo del colchón de un confeso narcotraficante al cual allanaba.
De igual modo, ha sorprendido la acusación hecha contra un fiscal adjunto para casos mayores del Distrito Nacional, a quien uno de los imputados por la quiebra del Banco Peravia, donde resultaron estafadas cientos de personas a través de la emisión de préstamos y tarjetas de crédito de manera fraudulenta por sus principales ejecutivos, lo señaló como la persona a la que le entregó 125 mil dólares para que no fuera procesado. El fraude bancario supera los mil 400 millones de pesos, según la Superintendencia de Bancos.
El acontecimiento que destapó uno de los casos de corrupción más impactantes fue el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en donde se denunció que los beneficiarios con la construcción o reconstrucción de escuelas eran presionados para adquirir sesiones de crédito a empleados de dicha entidad. Por el caso hay tres personas a las cuales les dictaron prisión preventiva como medida de coerción.
Varios sectores de la población han solicitado que sea cerrada la entidad creada bajo decreto en 1986 y que sus funciones sean atribuidas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones producto a ese escándalo así como la construcción del hospital Darío Contreras.
Este año se puso fin a cualquier persecución penal contra el senador Félix Bautista por supuestas irregularidades y desfalco contra el Estado mientras estuvo al frente de la OISOE. La segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el auto de “no ha lugar” dictado a favor el senador y otros seis imputados, el cual tomó el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada debido a que el procurador Francisco Domínguez Brito no recurrió en casación.
También el “No Ha Lugar” que favoreció al alcalde de San Pedro de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y otras personas acusadas de desfalco por más de 400 millones de pesos en el cabildo provocó indignación.
Otro caso de alegados actos de corrupción que a judicializado la Pepca es el que vincula al alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, por malversar más de 300 millones de pesos. Se solicitó que ese expediente sea declinado al Distrito Nacional.
Pilotos franceses
La fuga de los pilotos franceses, Pascal Jean Fauret Bruno y Armand Víctor Odos, puso en evidencia las debilidades del sistema y el correcto seguimiento que se debe de dar a todo imputado que haya sido favorecido con medida de coerción consistente en presentación periódica.
El país se enteró que habían salido de su territorio cuando los medios franceses dieron a conocer la información.
El hecho fue calificado como una burla a la soberanía nacional debido a que el plan fue orquestado por un eurodiputado que entró al país y coordinó que los pilotos fueran sacados en lancha rápida hasta la isla de San Martín, y en avión se movieron a Martinica, desde donde partieron a Francia.
Asesinatos
El asesinato del viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos Hilario y su hijo Víctor Manuel Santos, durante un asalto en su residencia del municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, así como el de la abogada Paola Languasco y del periodista Blas Olivo, fueron judicializados y enviados a prisión con medida de coerción a responsables de los mismos.
Ambiórix Nepomuceno, el principal acusado de matar a la abogada, está detenido en España y fue pedido en extradición por República Dominicana. l
Enfrentamiento entre Mariano y el Procurador
El enfrentamiento público entre el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Mariano Germán Mejía sin duda alguna evidenció las diferencias entre ellos. Tras emitirse el “no ha lugar” en el caso Bautista, Domínguez Brito dijo que la SCJ no le merece “la más mínima credibilidad”, no cree en su imparcialidad y que no cree en su interés en la búsqueda de la verdad.
Germán Mejía encaró al procurador, por las declaraciones y actitudes que entiende ha llevado en contra del Poder Judicial señalando que su actitud “ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza”, cuando de él esperaban otras actitudes. Explicó que Brito lleva los procesos, primero, a los medios de comunicación y después a la jurisdicción.
