El Estado tiene aproximadamente 500,000 empleados, de los cuales sólo un 11.8% está protegido por las normas de Carrera Administrativa.Del universo de empleados que pertenecen al Estado, 274,000 están agrupados en el gobierno central y de esta cantidad sólo 160,000 están aptos, hasta el momento, para ingresar a la ley de Carrera Administrativa.
Sin embargo, de acuerdo a datos ofrecidos por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la actualidad sólo hay 59,000 empleados protegidos por esta norma, lo que significa un 21.5% del personal del gobierno central. Esta cifra no incluye los empleados que están en proceso de ingresar a este sistema.
La Carrera Administrativa es definida por el MAP como un sistema de gestión que permite promover el desarrollo y profesionalización del personal civil del Estado, para elevar la productividad y calidad de los servicios públicos, y expresa que se puede ingresar a la misma por mérito, honestidad e idoneidad.
A 12 días de posesionarse Danilo Medina como presidente de la República, ya han surgido voces que hablan de cancelaciones masivas en el Gobierno, a pesar de que el nuevo mandatario fue elegido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el mismo partido que ha gobernado los últimos ocho años corridos y obviando que hay empleados que pertenecen a la Carrera Administrativa.
La Constitución de la República indica que la separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto de ilegalidad.
Rechazan cancelaciones
Ante esas voces, que han servido de alerta, dos sindicalistas y hasta el propio vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, se pronunciaron en contra de despidos masivos. Marchena aseguró que las instituciones donde se produzcan despidos masivos estarían actuando en contra de los lineamientos del presidente Medina.
Manifestó que él no tiene informes precisos de que se hayan producido cancelaciones, pero recordó a los funcionarios que las instrucciones de Medina son a fin de que el proceso de transición ocurra con humanidad, respeto y sin maltratar a los empleados públicos.
En tanto que Jacobo Ramos y Rafael Abreu, presidentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), respectivamente, exigieron a los nuevos funcionarios que respeten los derechos de los trabajadores ya que en estos tiempos no se debe cancelar a ningún empleado público, sólo por el hecho de un cambio de gobierno. “Nosotros, como dirigentes sindicales, siempre vamos a abogar porque el empleo se mantega, ya sea en el sector público o privado”, indicó Ramos, tras afirmar que el cambio no debe afectar empleados de segunda ni tercera categoría.
Ratifican en sus cargos a empleados de Digecom
Ante la incertidumbre de una gran cantidad de servidores públicos, el Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Antonio Vargas Hernández, ratificó ayer lunes, mediante ordenanzas personalizadas, al personal que labora bajo su mando y afirmó que su meta es trabajar para ayudar al Gobierno a generar más de 400 mil empleos de calidad en los próximos cuatro años.
Instó a su equipo a trabajar sin descanso y cumpliendo con sus responsabilidades, para materializar acciones que contribuyan a una ejecutoria transparente, fructífera y beneficiosa para el pueblo dominicano.
