El diputado Carlos Gabriel García sometió ayer un proyecto de ley que regula la celebración de consultas populares por medio de la figura del referendo.Explicó que nadie se había atrevido a abordar el tema en función de habilitar la ley que manda la propia Constitución para que el pueblo dominicano pueda ser consultado mediante el referendo sobre reformas a la Carta Magna, leyes y reglamentos, así como de otros temas de alto interés para la nación.
Indicó que es una de las innovaciones más importantes que tiene la Constitución del año 2010 y aclaró que a través del referendo el presidente Danilo Medina podría consultar a la población sobre la posibilidad de buscar una reelección consecutiva en caso de que así lo decida.
El legislador del Partido Revolucionario Dominicano dijo que no consultó a las altas instancias de su organización para someter el proyecto y que lo hizo a título personal, en cumplimiento a su deber de legislador.
García explicó que depositó el proyecto ayer por la secretaría de la Cámara de Diputados y confió en que la pieza será conocida en la primera sesión de la segunda legislatura de este año que se inicia mañana.
Reacciones
Algunos legisladores consultados al respecto, como Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que es solo un proyecto que debe ser estudiado a ver si es factible y no descartó que el proyecto abra el camino para restablecer la reelección consecutiva.
De su lado, Ramón Rogelio Genao, vocero del bloque de diputados del PRSC y secretario general de la organización, dijo que no está de acuerdo con una reforma a la Constitución para restablecer la reelección.
Mientras que Teodoro Ursino Reyes dijo que la Constitución establece el referendo y entiende que es deber de los legisladores regularizar la situación.
Estimó que si a partir de su aplicación se decide reformar la Constitución para la reelección, esa es una decisión política que deberán tomar, en su momento, los líderes políticos de los principales partidos.
Indicó que el país vive en un estado de derecho democrático, por lo que se impone respetar las normas establecidas en la Constitución.
