Uno de los problemas fundamentales que nos afectan como sociedad es que nuestro Estado no ha asumido el principio de la separación de los poderes del Estado enarbolado por Montesquieu en el siglo XVIII.Tampoco entendemos lo que los romanos dijeron hace miles de años, que la ley es dura pero es la ley y debemos respetarla. La resistencia de las autoridades y de muchos ciudadanos a asumir los mandatos legales y a aceptar su cabal ejecución, sumada a la histórica falta de aceptación por parte del Poder Ejecutivo de la total independencia de los poderes judicial y legislativo, son la causa principal de muchos de nuestros problemas que irónicamente queremos resolver creando nuevas instituciones o leyes.
Nuestro Estado no solo se ha agigantado, habiéndose llenado de funcionarios e instituciones que en muchos casos no cumplen una misión útil, sino que poco a poco se ha ido segmentando, creándose entidades con personalidad y patrimonio propio, muchas de las cuales pretenden regirse por sus propios reglamentos plagados de privilegios insostenibles e injustificados y se niegan a cualquier intento de control como sería el abandonado proyecto de ley de salarios públicos.
Algunos tienen la equivocada percepción de que el respeto a la ley, la institucionalidad o el debido proceso, son obstáculos para determinadas ejecutorias públicas y que deberían pasarse por alto en aras de luchar efectivamente contra la delincuencia o de una efectiva regulación.
Independientemente de las razones que determinado órgano regulador tenga para querer sancionar a algunos de sus regulados, jamás puede pretender estar por encima de la ley. Por el contrario, debe entender que la única vía para que dicha institución se consolide, más allá del prestigio que pueda tener su titular de turno, es actuando estrictamente apegado a la ley, ejerciendo lo que le corresponde y dejando en manos de los demás órganos señalados por la ley lo que sea de su responsabilidad. Todos tenemos derecho a tener una opinión distinta en relación a un punto o a interpretar de forma diferente un texto legal. Lo que nunca debería ocurrir es lo que recurrentemente sucede en nuestro país, que ante disposiciones claras y fundamentadas cualquiera discuta constantemente su imperio.
A pesar de sus falencias, nuestro Poder Judicial es garantía fundamental para todos los ciudadanos que vivimos en este Estado, más de reglas que de Derecho. Pretender demeritar un tribunal únicamente porque no ha fallado conforme nuestras pretensiones no es correcto. Debilitando nuestro sistema judicial lo único que conseguiremos es hacer más frágil aún nuestra imperfecta democracia.
La justicia administrativa ha sido una gran conquista ciudadana desde que en el 2004 cesara la aberración de que fuera parte de la rama ejecutiva. A pesar de los cambios que han ocurrido a su interior por la resistencia de la administración a someterse a su jurisdicción, sigue siendo un recurso invaluable.
Hasta que no asumamos que todos estamos sometidos a la ley y que no hay excusa para violarla por justificadas que se entiendan las razones, ningún real avance será posible en nuestro país.
