La protección de las personas y la garantía de sus derechos es competencia de los Estados. Esa obligación es tan amplia que los administradores públicos no siempre pueden cumplirla a plenitud por limitaciones económicas o por cortedad de miras en materia social.
Por esas incomprensiones, muchísimas acciones y actividades que son de vocación pública deben ser servidas por particulares y así surgen toda clase de prestaciones en materia de salud o en educación.
Ocurre con los servicios que requieren las personas que padecen alguna discapacidad congénita o adquirida. Así, la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), una iniciativa voluntaria privada por vocación, se ha constituido en el brazo fundamental para ayudar al Estado a cumplir con una de las misiones que le son propias.
Sin embargo, el gobierno dominicano no da el apoyo necesario para que Rehabilitación pueda cumplir como desearía con la inmensa tarea que constituye atender el 12.3% de la población que sufre algún tipo de discapacidad.
Hay que decir, que hoy día las discapacidades se han multiplicado a causa de los accidentes de tránsito, y las terapias de rehabilitación para la reinserción social posible recaen sobre el Centro de Rehabilitación regenteado por la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
Una institución fundada hace 53 años, por amor, con el liderazgo de doña Mery Pérez de Marranzini, ofrece hoy más de 6,500 servicios diarios en sus 29 centros a nivel nacional, con los recursos que recauda por cuenta propia y una subvención estatal de RD$67 millones anuales que resulta insuficiente, y que apenas representa el 8% de los gastos, que rondan los RD$800 millones.
La Presidencia de la República, consciente de esa realidad, se comprometió a aportar en 2016 RD$70 millones adicionales para paliar el déficit, pero hasta abril pasado Rehabilitación apenas había recibido RD$10 millones.
Una entidad que ejerce una función como esa, no debe operar en esas condiciones. Sin embargo, trata de mantener unos estándares de calidad a base de racionalidad y buen tino, de acuerdo con las explicaciones de sus ejecutivos.
Los discapacitados por cualquier causa tienen derechos adquiridos. El Estado debe atenderlos. Rehabilitación es el instrumento idóneo para que el Estado cumpla su deber.
Rehabilitación pide auxilio.
