Entre la mayoría de los jueces de la JCE existe la percepción de que desde el Palacio Nacional hay una hostilidad incomprensible hacia esa institución.La reducción del Presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE) para el 2013 ha enturbiado las relaciones entre instancias del Poder Ejecutivo y el presidente de esa institución, según fuentes vinculadas. Esta apreciación está sostenida en una serie de acontecimientos que no han llamado la atención de los partidos políticos ni la sociedad civil.
El dato más relevante es que no hay comunicación desde el Palacio Nacional con la JCE, lo que puede tener implicaciones negativas para el desempeño de esa institución.
Previamente al envío del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional, técnicos de la JCE trataron sin resultados de entrevistarse con los funcionarios del Ministerio de Hacienda que elaboraron la pieza, y nunca fueron recibidos. Se consideraron en su momento “desplantes injustificados”. En la Junta nadie lo entendió.
El mismo presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario Márquez, denunció el 7de diciembre del pasado año que la Contraloría General de la República envió inspectores al organismo a indagar sobre el manejo financiero. Señaló entonces que se trataba de una violación de la Constitución que faculta a la Cámara de Cuentas para realizar ese experticio.
Rosario Márquez dijo que “no quería pensar” que se trataba de una presión del Gobierno a las quejas de la Junta por la reducción del presupuesto de 2013, que llevaría al organismo a cerrar varios departamentos y cobrar servicios que ofrecía gratis. “Tengo la creencia de que hubo una equivocación, porque lo contrario es una violación a la ley”, declaró entonces.
Según informes, la semana pasada el Ministerio de Hacienda envió un memorándum a la Junta reclamando los documentos de soporte de todas las compras y contrataciones realizadas durante 2012.
Sin embargo, tal petición del Ministerio de Hacienda fue rechazada por la JCE, sobre la base de que es una institución autónoma y descentralizada, y en tal virtud sólo puede ser auditada por la Cámara de Cuentas. En efecto, la Cámara de Cuentas tiene previsto realizar una auditoría a la JCE en marzo próximo.
La situación ha provocado cierto desconcierto al interior del organismo electoral. Roberto Rosario, su presidente, estaría persuadido que desde Palacio hay cierta inquina personal, más allá del plano institucional. Esa percepción se afirma en que personalmente ha solicitado varias veces audiencias con el presidente de la República, Danilo Medina, sin respuestas.
Y en efecto, el organismo optó por delegar en otros jueces las gestiones de mayor presupuesto ante el Poder Ejecutivo. Inicialmente los magistrados César Francisco Féliz y Rosario Graciano fueron comisionados con ese propósito, sin resultados. Hace poco esa encomienda fue dejada en manos de los magistrados Eddy de Jesús Olivares y José Ángel Aquino.
En la JCE corre la versión de que se recela la gestión de Rosario Márquez, “por viejas contradicciones entre parte de los funcionarios del Gobierno que despachan desde el Palacio Nacional y varios senadores que tradicionalmente le han adversado, y que incluso, se opusieron a su elección en el Senado”.
Rosario Márquez se habría quejado abiertamente de que estaría siendo bloqueado por funcionarios del Palacio Nacional para impedir que el presidente Medina lo reciba.
Resalta que el presidente Medina recibió, previo a la aprobación de la ley de Presupuesto, a representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo mismo que otras dependencias.
Reclamo
La JCE solicitó al Poder Ejecutivo un presupuesto para el año 2013 ascendente a RD$4,549,484,566.00, pero sólo le fueron asignados RD$2,650,895,000.00. A los partidos políticos les corresponden RD$805,043,460, que deben ser entregados a través de la JCE.
