Entre las diversas razones que se utilizan para justificar los privilegios de los que gozan determinados funcionarios públicos, una de la más socorrida es aquella que plantea que todo se hace con la intención de mantener la prestancia del cargo.
Recordemos aquella célebre frase del más alto miembro de uno de los órganos electorales, en la que decía que a pesar de las limitaciones económicas de su institución, viajaba siempre en primera clase “para dignificar el cargo de presidente de la JCE”. Este derroche de sinceridad, fue un vivo retrato de la forma en que se entienden los cargos públicos en nuestro país.
Para muchos funcionarios del Estado, el nivel de respeto que pueden alcanzar en el desempeño de su responsabilidad, está en función del tamaño de su escolta, del modelo del vehículo que se le asigne o del límite de su tarjeta de crédito, pagada, eso sí, con dinero de los contribuyentes. Entienden que el aprecio popular sólo se logra en la medida en que son obsequiosos, pero claro, siempre con el dinero ajeno, nunca con el suyo. Comprenden que su autoridad viene dada por su capacidad de ostentación de bienes, cuya procedencia es muy difícil de explicar.
Estos privilegios buscan supuestamente dignificar los cargos públicos. Por esa razón, no es de extrañar que los representantes de un órgano constitucional del Estado, el cual se supone independiente, acepte más de una docena de vehículos de lujo como regalo del Poder Ejecutivo, en momentos de una profunda precariedad económica y en el cual se requiere un manejo austero de los recursos públicos.
Tampoco debe sorprendernos el disgusto que ha generado en muchos funcionarios, la decisión presidencial de un plan de austeridad que vendría a prohibir, entre otras cosas, la realización de fiestas, los viajes innecesarios y el uso de tarjetas de crédito.
Sin embargo, la dignidad de un cargo público va en una dirección diametralmente opuesta a la que tradicionalmente se entiende. El cargo de un funcionario público se dignifica cuando éste es capaz de actuar con eficiencia y transparencia en el desempeño de sus funciones. Éste será respetado, cuando desde su puesto contribuya a generar las condiciones necesarias para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas. El funcionario ganará autoridad, cuando se entienda como un servidor público que actúa con humildad y sincero respeto hacia los demás. Este es el tipo de funcionario que queremos ver. ¡Cuanta dignidad en aquel servidor del Estado que se sitúa al lado de la gente y asume su trabajo con vocación y entrega!
