La Romana.-El conocimiento de la medida de coerción contra cinco de los implicados en un grupo de sicarios fue suspendido este viernes sin fecha hasta tanto la Corte de Apelación en San Pedro de Macorís se pronuncie sobre la recusación contra la juez interina de Instrucción, Aristilda Mercedes.
La recusación fue hecha por los abogados de los imputados Jorge Alexander Mota (Mayobanex), Efraín Febles (Primate o Niño), Rafael Dámaso (Papo), Alex Fulgencio y Francisco Antonio Díaz, quienes son acusados de una cadena de asesinatos y desapariciones sucedidos en La Romana desde 2008.
La defensa alega que la magistrada Mercedes está parcializada con el Ministerio Público y que además no tienen en sus manos el legajo de pruebas que dice tener contra sus clientes.
A la supuesta banda se le atribuyen diversos hechos, entre ellos el registrado el pasado 10 de marco en la Cafetería Car Wash Cutón, donde murieron ametrallados dos hombres y otros dos resultaron heridos. Sin embargo, aún están prófugos Salomón Eusebio Rosario (Piki), Juan Félix Cordero (Copelín) y Edgar Rafael Rijo Astacio (Kiko).
De su lado, la fiscal Jennifer Acevedo consideró que los abogados buscan «dilatar el proceso», a pesar de que la Fiscalía dispone de pruebas contundentes. Otros magistrados que la acompañaron fueron Richard Güílamo, Héctor Julio Matos y Kelvin Santana.
Los acusados contrataron como abogados a Ricardo Sánchez, Luz Altagracia, Hilda Medina, Sandro Antonio Luis, Doris Vidal Hunt y Miguelina de Aza, entre otros. La audiencia se efectuó a puerta cerrada, sólo con las partes involucradas en el proceso.
El grupo está involucrado en las muertes de Juan Bartolomé Jazmín (Lolo), Rafael Ramírez, Ramón Antonio Herrera (Momón), Héctor Bienvenido Castillo, Junior Guerrero Torres (Junior), Félix Francisco de Jesús Rosario (Guido), Cecilio Antonio de Aza Núñez (Guido), José Rafael Febles Rodríguez (Jikiú), Alfredo Rodríguez (Niño Pata Corta), Juan Pablo Santana, José Ramírez Medina, Altagracia Amador Cabrera y Carlos Jiménez Silvestre (Papichiva).
Según el general Manuel Castro Castillo, «son culpables de haber causado la muerte de decenas de personas por diferencias en actividades de narcotráfico, cobro de deudas y eliminación de testigos, casos que han quedado hasta el momento sin resolver y en la impunidad».
