El Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió a la jueza de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Aristilda Mercedes Rodríguez, quien ordenó la libertad a cinco venezolanos implicados en el tráfico de 359 kilogramos de cocaína.El presidente de la SCJ y del CPJ, Mariano Germán Mejía, confirmó la dicha suspensión y destacó que se hizo con el propósito de que se investigue, sin prejuicios o entorpecimiento, la decisión que dejó en libertad a los venezolanos. “El Consejo del Poder Judicial entendió procedente la suspensión, no como sanción sino como medida cautelar para preservar la pureza y la incondicionalidad de las investigaciones”.
Agregó que esta decisión no fue una retaliación, sino una medida cautelar, amparada en las facultades que la ley otorga al presidente del CPJ. “Una cosa son las medidas cautelares en curso de instancia judicial y otras son las medidas cautelares en curso de la instancia de investigación”, aclaró.
Procurador elogia la decisión
Entretanto, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de “buena decisión”, la suspensión de la jueza y resaltó que éste es un caso inadmisible.
“Es un cartel que está trayendo droga desde Venezuela, que es una ruta que preocupa mucho a la República Dominicana y nos satisface que las autoridades venezolanas hayan tomado decisiones drásticas también en este caso con el apresamiento de los militares”, expresó.
Puntualizó que es imperante saber hacia dónde iba esa droga, que salió desde Barquisimeto y fue incautada en La Romana, y determinar con exactitud a quiénes iba dirigida. Además aclaró que la fiscalía actuó de manera correcta en el procedimiento y rechazó que la decisión de liberarlos se haya tomado por irregularidad procesal.
Investigan a magistrada Aristilda Mercedes
La decisión contenida en el oficio SGCPJ número 0608/2016, fue refrendada por el presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, y el secretario general del organismo, Edgar Torres Reynoso. Se alega en el documento que la magistrada estaba sometida a una investigación desde el pasado 31 de marzo, por la decisión que benefició a los venezolanos.
