Definitivamente nuestro país va perdiendo su guerra de independencia, la que debimos mantener a partir del 27 de febrero del 1844, liberación que se desdibuja a casi 169 años de la epopeya original. Parecería que los métodos para doblegarnos ante intereses ajenos a los nacionales, responden a sutiles entramados concebidos para aprovechar nuestras propias debilidades, cultura e idiosincrasias, propias del criollo. Los haitianos que viven aquí, gozan de una permisiva libertad que no tenemos en ningún otro país, inclusive tienen prerrogativas en ocasiones superiores a las que detentamos los poseedores de la nacionalidad dominicana: ocurren, en casi todo el territorio, con énfasis en la zona rural y con complicidad de abogados desaprensivos y de “activistas” de Derechos Humanos, que afectan sensiblemente la producción agrícola y pecuaria.
Un ilegal, sin documentación que avale quien es, una “persona” fantasmal, usualmente con nombres supuestos o motes que utilizan como nombre artístico, “Tranquilito” como simple ejemplo, y comúnmente con apellido dominicano: Rodriguez, García, Pérez, reclama prestaciones laborales, vacaciones, bonificaciones y otros, en función de labores de jornaleros, aun sin la permanencia ni continuidad que la ley define.
El solo hecho del reclamo pone en movimiento el aparato judicial e implica erogaciones, costos, dificultades y desasosiegos que aun con fallos favorables, crean incertidumbres, intranquilidades y desestímulos. Una historia de terror es un fallo negativo al “finquero”. Los propios funcionarios, ante la efectiva labor desarrollada en la campaña contra la nacionalidad, actúan con temor de ser señalados, y se hacen cómplices, por omisión, de un terrorismo jurídico laboral que utiliza nuestras propias herramientas legales. Esto neutraliza planes del gobierno para potenciar la producción del campo criollo, cuando lo rural es espacio de activismo coordinado.
Los migrantes haitianos, al margen de su estatus, han desplazado a infinidad de dominicanos, apenas tributan y compiten por espacios en hospitales dominicanos Aun así resultamos condenados en tribunales externos sin que tengamos idea de quien y de qué nos defienden, sus estrategias legales y al final el mismo resultado: la sanción. Estas acciones tienen cómplices criollos que tratan de neutralizar la regulación migratoria, critican todo reclamo de nuestros espacios y derechos, estigmatizan a quienes levantan la voz del nacionalismo culpables de “dominicanidad”. Mientras, nuestra sociedad permanece anestesiada por asuntos, aunque importantes, puramente coyunturales que entretienen el morbo, desvían asuntos medulares y condicionan reacciones. l
