La normalidad en que se desenvuelve la vida cotidiana es pura apariencia. Debajo de ella hierven serios conflictos y los responsables de dirigir el país en sus distintas instancias deben empeñarse en encontrarles soluciones antes de que estallen. Observemos lo que ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a hijos de indocumentados haitianos nacidos en el país contrario a lo que dice la Constitución. La sentencia ha generado repulsa en la comunidad internacional, donde se nos acusa de practicar políticas de discriminación y racismo.
El presidente Medina está siendo objeto de fuertes y amenazadoras presiones por parte de grupos ultranacionalistas y de su propio partido lo que al parecer ha congelado su anunciada iniciativa de enviar al Congreso un proyecto que sacaría del atolladero en que dicha sentencia ha metido a la nación y a su gobierno.
Grupos de su misma esfera política vinculados a prácticas corruptas en la pasada administración pretenden arrinconarlo y afectar su elevado nivel de aceptación pública con la eliminación por el Congreso, controlado por su partido, de un artículo del Código Procesal para negarles a los ciudadanos el derecho de querellarse contra los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los funcionarios. El presidente la observó correctamente y detuvo su aplicación hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el caso, lo que no ha hecho todavía.
Igualmente grave ha sido la denuncia de la Fiscal del Distrito al recusar a una jueza a quien acusa de prestarse a archivar un expediente muy sonado de corrupción por encargo de una oficina de abogados que supuestamente ha redactado la sentencia. A todo esto no parecer haber ambiente para la reforma del Código Laboral, mientras crece la deuda, no se avizora fecha para la aprobación del Pacto Fiscal y sigue el alza de los carburantes.
