Tres temas parecen abrumar al Gobierno: el eléctrico, para el cual se hacen aprestos a someterlo a un pacto entre los actores, el propio Gobierno, y de alguna manera, los usuarios; el de los transportistas de carga y pasajeros, que el pueblo llano percibe como “los dueños del país”, activos cuando demandan de irritantes tratamientos privilegiados y finalmente el tema haitiano, con marcado énfasis de sectores externos y cómplices dominicanos, de variada pinta y objetivo común. El nudo gordiano que en el plano electricidad heredó el Gobierno, es asunto arrastrado desde finales de la dictadura de Trujillo, con fracasados intentos de solución política a un problema técnico-financiero de marcados ribetes sociales, muy susceptible al populismo. El Gobierno se embarca en una valiente y compleja aventura de generar a partir de carbón, con marcada oposición de poderes fácticos que no quieren soltar el control, aprovechando las grandes debilidades del Estado en la especie.
Los manejadores del transporte de carga y pasajeros han constituido un poderoso cartel que ha establecido negocios sobre los provocativos e injustos privilegios de los que gozan, sobre los combustibles y el subsidio, en detrimento del Estado dominicano y en perversa competencia con los que lo distribuyen, a la vez que ofrecen un pésimo y costoso servicio a la ciudadanía. Unos se atreven a desafiar al Gobierno, intentando llevarlo a la confrontación, manteniendo el precio del pasaje en niveles inversos con las grandes rebajas de la materia prima que utiliza: el combustible. Otros, tienen el tupé (por no decirlo de la manera vulgar que corresponde) de aumentarlo y afectar sensiblemente y sin rubor, el bolsillo de sus clientes cautivos. El Metro, se acepte o se rechace, tiende a un eficiente transporte masivo, que no dependa del costoso “concho” y de los “caprichos interesados” de los que se aprovechan de él. En el caso de tema haitiano es a partir de la sentencia 168-13, que aunque se trata de la revisión de una decisión sobre la alegada violación o arbitrariedad de la Junta Central Electoral, a solicitud de Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, se convierte en un controversial tema de mil aristas, que obliga al Gobierno a dedicar energías y recursos a defenderse en todos los foros. Las agresiones contra legaciones consulares dominicanas coinciden con acciones en la frontera, con agresivas y ofensivas posiciones del embajador haitiano, mientras por la permisividad criolla alguna institución canadiense “yerra” el sitio donde debe construir vivienda para haitianos, haciéndolo en Puerto Plata y no en Haití. Los tres temas atentan contra la gobernabilidad y gravitan de manera puntual sobre el desempeño gubernamental, donde aún bajo estas terribles presiones, el presidente Medina logra una altísima valoración personal siendo quizás el que ha alcanzando una aceptación popular más impresionante.
