La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial”. Toda persona tiene “el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita”. Los preceptos están escritos en los artículos 149 y 69.1 de la Constitución. Pero ocurre que una legislación vigente desde hace décadas establece el cobro de una proporción porcentual de los montos que establecen las sentencias, para poder emitir una certificación de la misma.
Cuando el abogado Ángel Lockward Mella solicitó una medida de fijación de precios (que el tribunal indique el precio de un inmueble) por ante el Tribunal de Primera Instancia, Civil, Comercial y Laboral de Samaná, no imaginó que para obtener la sentencia le iban a exigir un pago de RD$958,035 por concepto de registro. El requerimiento está sustentado en la Ley 2334 sobre Registro de los Actos Judiciales y Extrajudiciales, que establece el pago de un 0.7% del valor total de la condenación (indemnización o capital obtenido mediante sentencia de un tribunal), además para algunos casos establece un pago fijo, actualmente de RD$200. Esta situación llevó a Lockward a presentar un recurso de inconstitucionalidad solicitando que se declaren no conforme con la Constitución los artículos 13 y 41 de la norma por violar: el principio de gratuidad de la justicia, el principio de igualdad ante la ley y el principio de derecho a la defensa. La petición también fue acogida por el Colegio Dominicano de Abogados.
“La Ley 2334 establece una apropiación de los recursos del ciudadano, y obliga a pagar por el registro de un derecho, el que deviene de la sentencia, que no es definitivo. En consecuencia, se pierde, inmediatamente es apelada”, dice Lockward.
El ciudadano asegura también en su recurso que de nada sirven las disposiciones expresas de la Constitución y los tratados, sobre la gratuidad de la justicia, que implica la ejecución de las sentencias, un sistema de asistencia legal gratuito y un marco normativo que incluso consagra la informalidad (recurso de amparo) si en la práctica, para expedir las primeras copias de la decisión, se requiere de un pago para registrar sentencias que no son definitivas.
El artículo 13 de la ley dice: “El Derecho Proporcional se aplicara a todo acto civil, judicial o extrajudicial que exprese obligación, descargo, condenación, colocación, liquidación de sumas o valores, transmisión de propiedad, usufructo o goce de bienes mobiliarios o inmobiliarios”. Los ayuntamientos son los beneficiarios de este cobro.
La inconstitucionalidad
“El cobro de impuestos y otras tasas ante los tribunales viola flagrantemente el principio de gratuidad de la justicia consagrado en la Constitución, e imposibilita que los usuarios del sistema judicial puedan acceder al mismo sin ningún tipo de trabas”, la afirmación es del jurista Flavio Darío Espinal.
El también historiador asegura que si bien existen jurisdicciones en las que el principio de gratuidad es verdaderamente aplicado, tales como la laboral y la de niños, niñas y adolescentes, así como las acciones de amparo y otras de naturaleza similar. “Las jurisdicciones civiles y comerciales se han visto sumamente afectadas por el cobro de este tipo de impuestos”, agregó el abogado.
“La Suprema Corte de Justicia ha establecido, al fallar acciones de inconstitucionalidad sobre leyes que exigen el pago de impuestos ante los tribunales, que el principio de gratuidad significa que los jueces no pueden recibir remuneraciones como condición para emitir sus fallos, y no que el legislador no puede aprobar leyes que establezcan este tipo de impuestos”, precisó Espinal.
El Tribunal Constitucional recibió el recurso presentado por Ángel Lockward el 15 de febrero. Esa corte notificó al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Procuraduría, quienes respondieron el 1 de abril, y aún no ha fijado fecha de audiencia pública para tomar una decisión al respecto.
El Ministerio Público no se opone
La Procuraduría pidió al TC “acoger la presente acción de inconstitucionalidad y en consecuencia dictar una sentencia interpretativa a través del TC, exhorte al Poder Legislativo para que proceda dentro de un plazo que tenga a bien fijar ese alto tribunal, lo concerniente a los impuestos, tasas judiciales proporcionales que deben ser pagados por las partes para el registro de los actos judiciales, a los fines de viabilizar el acceso a la justicia garantizando de esa manera los derechos y garantías fundamentales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la justicia”. El accionante dice que la ley implica un doble cobro de impuesto ya que el Congreso Nacional estableció un impuesto a las transferencias inmobiliarias.
A pagar
Hay que pagar el 70% del uno por ciento del total de la condenación (0.784 del valor). Por ejemplo, si el tribunal otorga una indemnización de RD$20 millones, hay que liquidar más de RD$ 140 mil para retirar la sentencia”.
Jurisprudencia
La Suprema Corte ha ratificado, que cuando la Constitución dice que la justicia se administrará gratuitamente es porque “los jueces no podrán cobrarles honorarios de ninguna clase a las partes en pugna”.
Norma
El artículo 41 de la ley dice: “Las sentencias de los tribunales o juzgados y de la Suprema Corte de Justicia, deben ser sometidas a la formalidad del registro antes de expedirse la primera copia”.
Defensa
El Colegio Dominicano de Abogados se pronunció en favor de la insconstitucionalidad de los dos artículos de esa ley. Será interviniente voluntario en la causa ante el Tribunal Constitucional”.
