Una de las oportunidades perdidas en el último proceso de reforma constitucional fue la de reducir el período para la entrega de mando de un presidente saliente a uno electo.
Efectivamente, el artículo 126 de la Constitución dominicana establece que “el Presidente y el Vicepresidente de la República elegidos en los comicios generales, prestarán juramento a sus cargos el día 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que termina el período de las autoridades salientes”, quedando este aspecto sin ninguna modificación respecto a la Constitución anterior.
En esta oportunidad, como en cada ocasión en que las elecciones se definan en primera vuelta, se deberá esperar un período de cerca de tres meses para el cambio de gobierno. Tiempo que es sumamente largo, no solo si se toma en cuenta la experiencia de otros países, como el caso de Francia en que la transición fue apenas de una semana, sino también el desgaste de un gobierno de ocho años en el poder y las expectativas ciudadanas de que el presidente electo comience a implementar la nueva agenda ofertada al país.
Ahora bien, el problema no es solo la duración de la transición presidencial, sino también la ausencia total de normas que regulen este período. Son diversos los riesgos que se presentan en el tiempo que transcurre entre las elecciones y la toma de posesión de un nuevo presidente. Dentro de estos, la especie de España boba o inactividad que afecta a las instituciones del Estado, las cuales se paralizan a la espera de lo que va a pasar una vez llegue el nuevo presidente al poder.
Otro de los riesgos tiene que ver con la aparición de los que algunos denominan “la piñata pública”, es decir, el manejo poco transparente de las instituciones gubernamentales y la repartición del patrimonio del Estado entre particulares. Esta situación suele darse aunque la transición se haga al interior de un mismo partido, aunque sin dudas, se agrava cuando el cambio se da de un partido a otro.
Por esta razón, ahora que nos encontramos tratando de impulsar una serie de reformas políticas, sería conveniente retomar aquel proyecto de ley sobre transición presidencial presentado en el 2004 por un grupo de legisladores encabezados por Minou Tavárez Mirabal. Uno de los propósitos fundamentales de esta iniciativa, era establecer controles que evitaran que las instituciones del Estado comprometan el crédito público, hagan nombramientos inadecuados de personal o vendan y distribuyan bienes del Estado sin el debido procedimiento.
