El lavado de dinero es una actividad que no cesa de crecer en la República Dominicana, en gran medida por la falta de compromiso del Estado en combatir en todas sus dimensiones este flagelo.El país sigue concentrado en la lucha contra el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, mientras se descuidan otras áreas de la economía donde el blanqueo está a la orden del día.
Incluso, en la lucha contra el lavado proveniente de la droga, la discrecionalidad es tal que nadie se inmuta porque un acusado se desplace con escolta o que asista a las audiencias en un vehículo con placa oficial. Pero bien.
Reconozcamos que hemos avanzado mucho en este aspecto, y supongamos que se hacen siempre los mejores y bien intencionados esfuerzos.
Otro tanto sucede, sin embargo, con otras modalidades del lavado. O más bien, con el lavado que se realiza a través de empresas dedicadas a la venta de automóviles, casinos y hasta bancas de apuestas. El lavado en las bancas de apuestas ha crecido al mismo ritmo que los puntos de droga. Un jefe policial, memorable por su elocuencia, dijo hace un par de años que en el país existían 30,979 puntos de droga. Claro que olvidó decir que se sabía donde estaban ubicados y que se disponía de los números celulares de sus propietarios o encargados. ¿Realmente, se regulan las bancas de apuestas? ¿O, simplemente, pagan un “derecho” anual?
Lo mismo acontece con los casinos, que ya no sólo funcionan en hoteles, y que se han multiplicado en la última década. ¿Tendrán controles anti-lavado? ¿Realmente son supervisados? ¿Todos cumplen los estándares anti-lavado? ¿Cuántos han sido sancionados?
Lo mismo puede decirse de la eclosión de dealers de autos, muy pocos de los cuales cumple con las regulaciones anti-lavado, siendo al mismo tiempo impunes a las sanciones administrativas que, desde áreas empeñadas en el tema, le son solicitadas. En los Estados Unidos y en todas las naciones que queremos imitar, cuando a una entidad se le impone una sanción por no respetar los estándares anti-lavado, toda la industria se entera, porque las sanciones son públicas.
En República Dominicana, en cambio, hemos decidido que esas sanciones no deben publicitarse para no “dañar la imagen” del sujeto obligado. Y con ello, se contribuye a reforzar conductas que fomentan el lavado.
Por eso, pienso que en la lucha por impedir que los mercados sean inundados de dinero sucio, provenientes de actividades ilícitas, aún estamos muy a mitad de camino. Quizás, estamos, como diría alguien, en lenguaje callejero, “de la mitá pa’trá”.
