Siguiendo la tradición conservadora inaugurada por Bobadilla, Santana y Buenaventura Báez una vez lograda la independencia y posteriormente consolidada por Trujillo y Balaguer en el siglo XX, diversos sectores insisten en presentar propuestas y medidas tendentes a mantener anclada a la sociedad dominicana en la época decimonónica. Mientras que en el mundo se avanza en temas como la laicidad del Estado, la erradicación de cualquier forma de discriminación y el reconocimiento de derechos de grupos habitualmente excluidos, en la República Dominicana retrocedemos en algunos de estos aspectos y tenemos serias amenazas en otros.
Aunque se reconocen algunas conquistas, en el proceso de discusión generado para la reforma Constitucional realizada en el 2010, se perdió la oportunidad de avanzar en temas trascendentales relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la nacionalidad o la participación política de la ciudadanía. Aquí primó la visión más retrógrada de los grupos representados en el Congreso Nacional. La resistencia a revisar el Concordato y eliminar los privilegios concedidos por la tiranía de Trujillo a la Iglesia católica y su influencia en la gestión del Estado, es una muestra del predominio del conservadurismo en la clase política dominicana.
En esta dirección se inscribe la violatoria decisión de negar el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana que nacieron antes de la Constitución del 2010, que han vivido toda su vida aquí y a los cuales el Estado siempre les reconoció su identidad como ciudadanos de este país. Los promotores de este tipo de práctica, apelando a una falsa defensa de la soberanía, creen que en un mundo globalizado se pueden violar derechos fundamentales sin que la comunidad internacional reaccione. A diferencia de otros países que avanzan en la aceptación e integración de la diversidad, aquí retrocedemos en ese sentido.
Las posiciones política y socialmente atrasadas, muy en boga en estos días, se constituyen en una seria amenaza a las conquistas que se han alcanzado en el país en materia de derechos fundamentales. La propuesta de reforma al Código Laboral realizada por el sector empresarial, retrotraería a la sociedad a la época en que los trabajadores carecían de la más mínima protección en el desempeño de sus labores. Por otro lado, la propuesta de Código de Familia recién elaborada, se sustenta en una visión tradicional de la familia, que está muy alejada de la realidad dominicana. Es tiempo de que una nueva práctica política, desde una perspectiva progresista, supere el temor que la paraliza y ayude a colocar al país en el siglo XXI.
