La Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) calificó como improcedente traspasar a los segmentos más desposeídos la carga económica que representa el aumento del peaje.El sindicato sugirió al Gobierno buscar alternativas mediante las cuales los transportistas de carga, pasajeros y estudiantes puedan “encontrar algún bajadero”.
El presidente en funciones de esa organización sindical, Juan Santana Soriano, reconoció que RD Vial, organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas, realiza un excelente trabajo, pero que previo a la aplicación de esta medida, “por lo menos debió llamarse a todos los actores, consensuar una salida y buscar alternativas para no perjudicar a los más pobres, que son los que usan el transporte público y servicios similares”.
Por su lado, el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez juzgó como contrario a la Constitución y a los derechos de los usuarios y ciudadanos el “aumento desproporcional” de un cien por ciento en las tasas de los peajes.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, sostuvo que ante cualquier acción procesal, el Tribunal Superior Administrativo dejará sin efecto la resolución, debido a que la administración de carreteras es un servicio público que debe garantizar el derecho de audiencia antes de emitir sus resoluciones y respetar los principios de razonabilidad y equidad tarifaria que establece el artículo 147 de la Constitución.
Mientras el Partido Revolucionario Moderno exigió al Gobierno dejar sin efecto el aumento extraordinario de la tarifa de peaje de las autopistas y carreteras principales del país. Dijo que esta alza representa una carga económica más que será transferida a los pasajeros.
