La campaña “No hay excusas” de la Procuraduría General de la República y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es excelente; tiene un mensaje claro y directo. Centra, afortunadamente, a los hombres que explotan sexualmente, en su mayoría, a niñas, pero también a niños y adolescentes en general. Sin duda, la campaña es un esfuerzo loable.
Ahora bien, en el contexto de las políticas mundiales e institucionales que apoya Unicef, tenemos que examinar algunas variables más detenidamente. En marzo del 2009, las Naciones Unidas a través de Onusida (que funciona como un conglomerado de agencias de la organización, entre ellas Unicef) aprobó una normativa en la que se instó a todos los países del mundo a descriminalizar todos los aspectos de la prostitución, incluyendo el proxenetismo y los prostíbulos.
En su documento titulado “Normativa de Onusida sobre el VIH y el Trabajo Sexual” (última actualización en abril 2012) expresaron “la descriminalización del trabajo sexual debe incluir remover las leyes y penalidades a la compra y venta del sexo, la gerencia de trabajadoras sexuales y prostíbulos, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual.” El documento creó un binomio deshonesto entre el “trabajo sexual” voluntario (que es un porcentaje muy mínimo) y la trata de personas (que es el otro extremo de la industria), cuando el punto medio, y la gran mayoría de las prostituidas, tanto menores de edad como adultas, no califica en ninguno de los dos polos opuestos.
El documento expresa que intentar erradicar con la demanda, tal y como se ha empezado a trabajar el tema en países como Suecia, Noruega y más recientemente Francia, es desacertado, porque según las Naciones Unidas “no hay evidencia” de que esta estrategia funcione. Lo cual resulta extraño porque incluso cuando se confeccionó su normativa, todos los estudios empíricos demostraban que el modelo Nórdico sí reducía la demanda.
Onusida (de la cual Unicef forma parte) no se retractó de su política cuando los grupos de sobrevivientes, mujeres prostituidas, feministas y de no violencia protestaron su normativa. Rachel Lloyd, quien fue prostituida en su adolescencia en el sistema de prostitución legal alemán y hoy lidera el centro GEMS para niñas y adolescentes explotadas sexualmente en Nueva York, se mostró desilusionada por la posición de una organización de la altura de las Naciones Unidas, apoyando el proxenetismo. Ella alega: “la solución en su sentido más genuino no pasa ni por la criminalización de las víctimas, ni por la legalización de la prostitución, sino por la persecución penal de traficantes y demandantes de servicios sexuales, y sobre todo por hacer frente a los factores sistémicos que hacen a las niñas y a las mujeres tan vulnerables”.
La ONU no ha hecho caso a las voces de sobrevivientes como ella. Tristemente, tampoco han hecho caso a la evidencia que demuestra que los países que adoptan la política que su institución promueve tienen mayores niveles de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ya que tal postura aumenta la demanda. Y han ignorado los estudios más recientes que demuestran que la demanda de los prostituidores (“clientes”) es por mujeres y por niñas cada vez más jóvenes. ¿Cuál es su excusa para no retractarse de su política?
Para elaborar dicha política, Onusida designó como co-presidenta de la comisión a la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, un grupo que promovía abiertamente el proxenetismo y la administración de prostíbulos como una forma de trabajo legítima y que al momento de la consultoría era liderado por la señora Alejandra Gil. Pocos años después, la señora Alejandra Gil fue condenada por tráfico de personas en Tlaxcala, México. Su nombre de proxeneta era “La Madame de Sullivan”, en honor a la calle donde prostituía a más de 200 mujeres mexicanas.
Onusida no se retractó de su política cuando salió a la luz que habían confeccionado su normativa donde instaban a todos los Estados del mundo a descriminalizar la prostitución (incluido el proxenetismo y el manejo de burdeles), junto con una traficante de personas, en un evidente conflicto de intereses.
Resulta altamente inspirador e importante ver instituciones gubernamentales y no gubernamentales aunando esfuerzos para prevenir la explotación sexual de menores. Pero resulta muy difícil de entender, en el contexto de las normativas institucionales de una organización como las Naciones Unidas, que con una mano se quiera acabar con la explotación, pero que con la otra apoyen políticas (confeccionadas junto con proxenetas y traficantes) que arrojan al mundo de la explotación sexual a innumerables niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se insta a todos los gobiernos del mundo para que adopten leyes que han demostrado aumentan la explotación de niñas, niños y adolescentes.
“Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo es un delito”. ¡Qué mensaje tan acertado! Me encantaría que una exhortación como esta no estuviese condicionada por el contexto dual que acabo de mencionar. Pero ante tal realidad, la respuesta no es ni ponernos a la defensiva ni argumentar en falso cuando todas las evidencias están ahí. La respuesta es recordarle al Unicef (quien participó en la elaboración de la normativa), a las Naciones Unidas y a todas las organizaciones similares, que ninguna de sus acciones pasa desapercibida y exigirles que se cuiden de las dualidades.
Si #NoHayExcusas, ¿entonces cuál es la excusa de Unicef para apoyar estas políticas contraproducentes? ¿Cuál es su excusa para ignorar cómo un asunto conecta con el otro?
