Cada cierto tiempo, y no me refiero a un gobierno en particular, cuando los números no le cuadran al gobierno, surge la idea de establecer nuevos impuestos. 

Pero la falta de argumentos para justificar la hemorragia impositiva es lo que ha hecho más pesado los intentos de imponer más carga a la población. Uno de los pretextos esgrimidos ha sido siempre que los dominicanos “vivimos como ricos”, con la más baja tasa tributaria del continente. Pero todo ese costoso esfuerzo publicitario dirigido a demostrarlo, resulta inútil ante la contundencia de los hechos.

La verdad es que lejos de vivir como señores, los dominicanos en su mayoría han estado sometidos a las mayores privaciones y constricciones.

El alegato gubernamental, esgrimido administración tras administración, tal vez se aplique a un pequeño grupo de privilegiados y, por supuesto, a una buena parte del equipo burocrático que llega con cada gobierno.

El resto de la población no escapa ni ha escapado nunca a los embates de la inflación y al proceso de retroceso social, que se da pronunciadamente en los sectores de clase media e ingresos fijos.

Tampoco es cierto que los dominicanos no paguen suficientes impuestos. La cuestión está en que no todos cumplen con ese deber y las autoridades no han encontrado otra forma de superar el elevado nivel de evasión que imponiendo mayores cargas a quienes observan sus obligaciones en materia impositiva.

Ampliar el sistema tributario sobre la base de nuevos impuestos se ha convertido, con el transcurrir del tiempo, en una de las mayores diversiones oficiales. Les resulta más fácil mirar en la dirección en que existe luz, que tratar de poner el orden donde la evasión corre por su cuenta.

La evasión es un gran negocio, que atenta contra la libre competencia y pone en ventaja a quienes incurren en esa práctica. Combatirla es una tarea moral no sólo de la DGII. l

Como decíamos en la entrega de ayer, las grandes compañías petroleras del Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y otras naciones industrializadas, no respaldaron la creación del Estado judío. Por el contrario, se  le opusieron fervientemente.

Los consorcios petroleros, bien asentados en Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Arabes, abrigaban temores de que la materialización del sueño sionista promoviera sentimientos nacionalistas en el vasto mundo islámico que a la postre afectaría sus intereses y fabulosas ganancias.

Con la complacencia de ambiciosos y corruptos jequezuelos, las compañías petroleras habían logrado excelentes condiciones en contratos de explotación de crudo en casi todas las naciones árabes y la terquedad de los judíos de convertirse en una nación soberana amenazaba entonces su posición en el Medio Oriente.

Existen infinidad de documentos, libros, memorandos y otros testimonios que prueban la conspiración de los grandes consorcios y compañías petroleras para frustrar la partición de Palestina y la creación allí de dos estados independientes, el que se ha convertido en el moderno Israel y el que hubiera podido ser un estado árabe palestino, tal y como establecía la resolución de Naciones Unidas.

Cuando desde cinco naciones árabes hordas de fanáticos musulmanes se volcaron sobre Israel, al día siguiente de la partida del último soldado británico el 14 de mayo de 1948, tras la declaración de independencia que marcó el resurgimiento de la nación judía, estaban entre ellos las bien adiestradas tropas de la Legión Arabe, financiadas, apertrechadas y dirigidas por ingleses, por órdenes de la Corona. El que todavía los palestinos luchen por el derecho que le asiste de tener también un estado propio, significa que el radicalismo fundamentalista islámico le ha negado a ese pueblo 65 años de paz e independencia.