CARACAS (AP).- El consejo responsable de supervisar la moral administrativa calificó el miércoles como «falta grave» la actuación de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusado de entregar una credencial que acreditaba como funcionario judicial a un presunto narcotraficante capturado en Colombia y extraditado a Venezuela el 9 de mayo de 2011.
El Consejo Moral Republicano (CMR) «acordó declarar con lugar… la solicitud de calificación de falta grave contra el magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, interpuesta ante esta institución en fecha 11 de abril de 2011, por el ciudadano Rafael Rodríguez Mudarra».
La solicitud «fue fundamentada por el denunciante en la conducta del magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, a quien acusó de otorgarle una credencial al ciudadano Walid Makled, lo cual lesionó con su actuación la ética pública y la moral administrativa», dijo el Consejo en un comunicado divulgado en su página en Internet.
El Consejo —a cargo de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa— está compuesto por los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República.
«En consecuencia, se declara que el alto funcionario lesionó la ética pública y los principios fundamentales establecidos en la Constitución», indicó el escrito.
Además se remitieron «todos los recaudos… a la Asamblea Nacional, la cual tendrá la última palabra en cuanto a la situación del magistrado. Asimismo, se ordenó remitir al Ministerio Público todas las actuaciones que conforman el expediente del magistrado Aponte Aponte, para que se determine si además de la sanción administrativa impuesta por este órgano de expresión del Poder Ciudadano existen hechos que constituyan delito».
El caso de Makled, capturado el 19 de agosto de 2010 en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, ha captado la atención del país.
El empresario de origen sirio dijo tener pruebas de nexos con el narcotráfico de algunos altos oficiales y funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez, quienes según él, fueron receptores de supuestos pagos millonarios de comisiones que le habrían permitido operar con gran libertad y amasar en menos de una década una fortuna de más de mil millones de dólares. Los funcionarios rechazan las acusaciones.
