La Nación dominicana se fundamenta en su Constitución. Desde 2010 fue establecida la prohibición constitucional de la reelección, en un esfuerzo por disminuir los elementos negativos que propicia el continuismo. La democracia, con sus instituciones y actores, busca cerrar brechas que estimulen las vías negadoras de la institucionalidad.
Nuestro sistema acoge todas las expresiones políticas y tolera las tendencias radicales, incluso, las negadoras de la Constitución. Obviamente, todo eso debe ocurrir en un encuadramiento que no altere el estado de derecho, que no viole la ley.
Si vivimos en ese sistema institucional, ¿por qué ciudadanos que se definen de avanzada, negadores de la “sociedad injusta”, que aspiran a un estado de vida superior al actual, tienen que recurrir a las armas? Eso no hay por dónde tomarlo con un mínimo de sentido. Más aún, ocurre en una época donde se ha demostrado que la vía armada, aún bajo una predicada “insurrección popular”, ha fallado. El último fracaso se está negociando precisamente en estos momentos en Cuba.
De todas formas, mueve a preocupación que ciudadanos capaces, en pleno uso de sus facultades, recurran a las armas. ¿Cómo explicar la utilización de armas en medio de una protesta cívica, protagonizada por personas civiles, que saben que no están en una situación “típicamente revolucionaria”, con un gobierno recientemente elegido, que goza de alta aprobación popular? ¿Ensayan? ¿Qué? Obviamente, es fácil concluir que esos señores padecen demencia, o más bien un estado de delirio político. O actúan bajo cierta perversidad concertada para dañar el clima de convivencia entre los dominicanos.
Si no implicara pérdida de vidas, alteración del orden, daños al comercio y la producción, degradación del ambiente y el medio social, pudiera tomarse como un simple ejercicio de estupidez e infantilismo político. Pero no. Hablamos de acciones que por sus características son de corte terrorista.
El país debe mirarlas con atención ahora. Mañana puede agravarse y asumir otras características mucho más peligrosas. El espacio para la protesta en el marco de la ley es amplio. La vía violenta debe ser erradicada.
